El “problema grande” que el General Montoya quería ocultar
El General Mario Montoya Uribe comandó el Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, el periodo en el cual ocurrieron la mayor cantidad de falsos positivos. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre el 36 por ciento de las bajas reportadas por el Ejército durante la comandancia de Montoya –muchas, quizás la enorme mayoría, son sobre falsos positivos.
Montoya consistentemente ha negado toda responsabilidad en estos casos. Pero las evidencias que hemos descubierto sugieren que él habría ordenado a sus tropas que ocultaran indicios sobre estos graves abusos.
En junio de 2007, según un radiograma militar al que tuvo acceso Human Rights Watch, Montoya le ordenó: “Ojo el celular nos está haciendo daño, la Fiscalía nos está investigando” (ver documento aquí). Seis meses después, en diciembre, insistió con una orden similar en su programa radial: “se debe tener mucho cuidado con lo que se habla por los celulares, estos medios no son seguros… además posibilitamos que nuestro léxico sea mal interpretado y usado en forma tergiversada en estrados judiciales”.
Montoya también parecía preocupado porque sus propias conversaciones con las tropas fueran usadas en procesos penales. En noviembre de 2007, cuando avanzaban las primeras investigaciones por falsos positivos, le dijo a sus subordinados que a partir de ese momento “grabar [su] programa se convierte en una falta disciplinaria (información reservada)” (ver documento aquí). La orden figura en un libro de programas bajo el nombre de “procer 6” que, según nos indicaron dos miembros de la institución, es el indicativo en el código de comunicaciones radiales del comandante del Ejército. Montoya repitió la misma advertencia en varias ocasiones posteriores, según documentos a los que tuvimos acceso.
A medida que los falsos positivos generaron mayor preocupación nacional e internacional, el Ejército fue desmantelando algunos de los incentivos perversos detrás de esos asesinatos. Por ejemplo, derogó una política que daba permisos a los militares que reportaran bajas en combate, así como una directiva que Human Rights Watch reveló en 2017 que establecía el número específico de bajas y capturas que debía reportar un comandante para recibir la “condecoración de servicios distinguidos”.
Lo llamativo es que Montoya ordenó que las copias de estos documentos fueran incineradas. En abril de 2008, ordenó a sus tropas: “desmontar la política de permisos por muertes en combate, incinerar esas directivas, sin actas”. Esa orden figura en un libro militar de la brigada 30 titulado “Programa Comandante del Ejército”.
De forma similar, en otro libro militar, encontramos una inscripción que indica: “orden. La directiva… donde se otorgaba medalla de orden público debe ser incinerada” (ver documento aquí). Según testimonios que Human Rights Watch develó en 2016, dos generales declararon ante la Fiscalía que incinerar las directivas no era la forma legal ni habitual de derogarlas. Uno de los generales dijo que la orden provino de Montoya. Y un documento que revelamos en 2017 lo corrobora.
Los casos de Soacha, hace 10 años, obligaron al gobierno del entonces presidente Uribe a finalmente tomar cartas en el asunto para frenar los falsos positivos. El 29 de octubre de 2008, 27 oficiales y suboficiales fueron retirados del Ejército en relación con estos casos.
La reacción de Montoya frente al retiro de estos oficiales, que hoy damos a conocer por primera vez, deja en evidencia su nerviosismo por el hecho de que alguna vez tendría que rendir cuentas por estos crímenes. En el programa radial del Ejército de esa mañana, Montoya le expresó a los oficiales retirados su “dolor de comandante”. Dijo que “confiaba” en ellos y tenía “certeza absoluta que ninguno de ustedes cometió algún delito”. Podría tratarse, en todo caso, de “fallas administrativas”, dijo Montoya.
Pero antes de terminar su programa radial de esa mañana, Montoya ordenó: “comandantes, tómense el tiempo necesario para consolidar” la “documentación de las muertes de combates”.
“Se nos viene un problema grande”, agregó (ver documento aquí). El General Montoya tenía razón: a medida que descubrimos más documentos, más grande parece ser su problema.
José Miguel Vivanco
Director, División De Las Américas En Human Rights Watch
Este artículo es el primero de una serie producida exclusivamente para La Silla Vacía con el propósito de conmemorar y recordar los 10 años de los casos de Soacha.
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