El progreso de las mujeres en el mundo: En busca de la justicia es el primer informe principal de ONU Mujeres, después del lanzamiento de la entidad a comienzos de 2011. Éste reconoce los avances alcanzados – por ejemplo, 139 países y territorios incluido Colombia, ahora consagran la igualdad de género en sus constituciones – pero también destaca las numerosas formas en las que todavía predomina la injusticia en contra de las mujeres en todo el globo: en el hogar, en el trabajo, en la política y en los sistemas judiciales.


El informe incluye estudios de casos, estadísticas y gráficos que ilustran tanto ejemplos positivos de avances en el acceso de las mujeres a la justicia, como también de ámbitos que requieren medidas urgentes para mejorar; de igual forma, incluye recomendaciones especiales sobre Latinoamérica, en donde destaca que seis países de la región han alcanzado o superado el 30% de la masa crítica de representación femenina en el parlamento: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Guyana, así como el hecho que cuatro de los jefes de Estado o de gobierno de la región son mujeres: en Argentina, Costa Rica, Brasil y Trinidad y Tobago.

En el caso de Colombia, que junto a Guatemala, Burkina Faso, la República Democrática del Congo y Afganistán fue uno de los países que recibieron mayor cantidad de asistencia judicial focalizada en la igualdad de género, el informe destaca el litigio estratégico de Women’s Link Worldwide en 2006 en representación de Martha Solay, una colombiana que tenía dos meses de embarazo cuando le diagnosticaron cáncer. La ley de Colombia prohibía a los médicos realizarle un aborto para permitir que recibiera el tratamiento de quimioterapia que podría salvar su vida. Su defensa alegó ante la Corte Constitucional que era obligatorio, no optativo, ejercer coherencia entre los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país, incluyendo la CEDAW, y las leyes nacionales, y obtuvo una sentencia afirmativa por parte de la Corte.

Las mujeres todavía sufren injusticias en el hogar, el ámbito laboral y la vida pública, señala El progreso

Para garantizar que la justicia se convierta en una realidad para todas las mujeres, con la presentación de este informe, ONU MUJERES espera motivar a los gobiernos para revocar las leyes que discriminan a las mujeres, apoyar servicios innovadores de justicia incluyendo centros integrales de atención, asistencia jurídica y tribunales especializados, poner a las mujeres en el primer plano de la administración de justicia (como policías, juezas, legisladoras y activistas), invertir en sistemas de justicia que puedan dar respuesta a las necesidades de las mujeres y ofrecer asistencia y alfabetización legal para las mujeres; todo ello teniendo en cuenta que los donantes distribuyen anualmente US$ 4,2 mil millones en asistencia para las reformas judiciales, pero apenas el 5% de ese gasto se destina a las mujeres y las niñas.

En Colombia el fenómeno de la desigualdad de género aún se ve presente en muchos ámbitos de la vida social, no sólo en la discriminación y poca participación de las mujeres en la justicia (12%) y autonomía en sus hogares (40%), también en la violación, maltrato y desplazamiento de la mujer de su lugar de origen. A continuación, algunos datos que arroja el informe:

Violencia Sexual y Desplazamiento:

La violencia sexual es tanto causa como consecuencia del desplazamiento. Alrededor del mundo, las mujeres que huyen de un conflicto afrontan el riesgo de sufrir abusos en el trayecto y en los campamentos, pero también durante el regreso y la reintegración. Según el Informe, en una encuesta realizada en Colombia en 2008, casi el 18% de las mujeres consultadas sostuvo que la decisión de trasladarse se debía precisamente a las agresiones físicas y la violencia sexual. Asimismo, una encuesta realizada en 2010 en 407 municipios con presencia habitual de agentes armados constató que 95,000 mujeres fueron violadas entre 2001 y 2009.

En la vida política y pública:

Según datos del informe, en Colombia actualmente la participación de la mujer entre la Corte suprema, Tribunales Constitucionales y Regionales sólo alcanza un 12%, en cargos ministeriales 21% y en el Parlamento del 14%. Aunque ha en los últimos diez años ha aumentado significativamente la participación de la mujer en la política (10% en el año 1997), sin embargo no alcanza a cubrir la cuota constitucional para parlamentarios.