A un ciudadano común, que espera resultados de la administración de justicia, se le puede tardar un proceso hasta 7 años en un juzgado, y otros 5 más en un tribunal. Esto es, para los juristas consultados, el principal reto que enfrenta el Estado, pues la justicia dista mucho de parecerse a lo que se proyectó en la Constitución de 1991.


En el 2012 el Congreso estudió la última reforma a la justicia, pero se hundió luego de varias polémicas. No obstante, ante la necesidad de sacar una nueva reforma adelante, los poderes del Estado, universidades y sociedad conformaron un equipo para intentarlo de nuevo, denominado Misión Justicia.

El magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, indicó que se trata de un espacio de reflexión en el que se pretende revisar, en seis meses, la normativa que se ha venido presentando alrededor de la reforma a la justicia, para rescatar algunos aspectos.

Entre los aspectos que serán revisados se encuentran la tutela, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y administración de la rama, la independencia y autonomía presupuestal y el control disciplinario para magistrados de altas cortes.

Las reformas urgentes

Según Bernardita Pérez, constitucionalista y docente de la Universidad de Antioquia, el principal reto que tiene Misión Justicia es que se mejore el acceso a una justicia eficiente para los ciudadanos.

Por su parte para Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de la Bolivariana, vale la pena que se rescaten aspectos del proyecto de reforma anterior, pero lo más importante es que no sigan pensando que es solo una reforma a las altas cortes, sino para solucionarles problemas a los ciudadanos.

“Otra reforma delicada tiene que ver con las mismas cortes, la permanencia y edad de retiro y cómo integran a los magistrados, además de revisar el concurso y la idoneidad, porque de ahí hacia abajo se ha convertido en parcelaciones en tribunales y juzgados desde Bogotá con los magistrados de todas las cortes”.

Diego Cediel, docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de La Sabana, puntualizó se debe definir si la jurisdicción disciplinaria necesita una doble instancia, es decir, que no sea una única instancia el procurador general. Esto para armonizarlo con el espíritu garantista de la Constitución y propio del sistema normativo colombiano.

“Se necesitan mecanismos, responsabilidades, tiempos, presupuestos para la descongestión del sistema penal y judicial, porque es absolutamente ilegítima e improcedente una justicia que se imparte en 5 o 6 años. Cuando los procesos empiezan en los juzgados menores o de circuito, y terminan en los altos tribunales o en la cortes, demoran entre 8 y 10 años”.

Todas las propuestas y análisis que salgan de Misión Justicia serán condensadas en un proyecto de ley o de acto legislativo, y otras se reglamentarán de manera ordinaria el próximo año .

Fuente: ElColombiano.com