Pueda que suene a repetidera hablar de este engorroso y delicado tema, pero aprovecho que hay nuevos funcionarios en la alcaldía de Soacha para escribir sobre un problema que hemos heredado de administraciones ineptas, miedosas y mentirosas.


La negligencia y el miedo que han mostrado los alcaldes anteriores para hacerle frente a los invasores del espacio público son actitudes que sólo favorecen a quienes convirtieron en negocio lo que es de todos. Ciertas zonas de la ciudad ahora tienen dueño con el agravante que son unos pocos los que se apropian de esos espacios, pero que se valen de incautos y necesitados para fortalecer su negocio.

No estoy en contra del trabajo ni de las oportunidades que se les debe dar a quienes verdaderamente lo necesitan, pero sí es cuestionable que en Soacha cada quien haga lo que quiera.

Desde años atrás se ha venido diciendo que se requiere un censo real para identificar cuáles son los vendedores que viven en Soacha y que han llegado a invadir el espacio público por pura y física necesidad. Y hasta aquí es comprensible el tema porque finalmente ciertas zonas se pueden adecuar para darles la posibilidad a determinadas familias de conseguir su sustento.

Otra cosa muy distinta es permitir que personas de Bogotá y otros municipios del país vengan a usufructuar lo que es nuestro, armando desorden, caos e inseguridad, y más delicado aún, que la administración municipal no haga nada.

No se entiende por qué las autoridades no actúan. Es cierto que es todo un proceso que depende de diferentes factores, incluida la parte legal, pero también hay que manifestar que la norma permite recuperar el espacio público, previo cumplimiento de algunos requisitos. Claro, ahí debe estar las Secretarías de Infraestructura y Gobierno, la Dirección de Desarrollo Económico y la Policía, pero eso no es excusa para no actuar. Y no lo digo tanto por esta administración que apenas está comenzando, porque a decir verdad, el problema se profundizó en los dos cuatrienios anteriores.

Se supone que la Alcaldía municipal ha realizado en repetidas ocasiones y en gobiernos diferentes el famoso censo de vendedores, pero parece que se ha quedado en los escritorios o en las cajas empolvadas donde se guardan documentos de poco interés.

La ciudadanía del municipio requiere y reclama que se resuelva este problema, y más aún cuando la misma Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, dejando claro que en la calle no se pueden comercializar productos alimenticios, CDS y teléfonos celulares, entre otros productos. Es claro que la salud pública hay que preservarla y que alimentos al aire libre no se pueden vender en Colombia; no obstante es lo que más abunda en las calles de Soacha, o si no, sólo basta con dar una pequeña vuelta por los puentes peatonales de la autopista (sobre todo en el de San Mateo), o en sitios de ventas populares como la calle 13, la avenida 30, la calle 15 y sectores de León XIII, Quintanares, Compartir y la carrera séptima.

Pero aquí lo delicado es que el problema ha avanzado tanto que controlarlo se hace cada vez más difícil. A la hora de hacer operativos todo el mundo es víctima, desplazado, necesitado y de encime, residente en Soacha. ¿Y entonces? ¿Dónde están los censos que han realizado las administraciones anteriores? ¿Dónde queda el fallo constitucional sobre venta de alimentos y otros productos? ¿A quién acudimos los ciudadanos de Soacha?… Son algunas de las preguntas que nos hacemos a diario y que necesitamos conocer su respuesta.

El tema llama la atención porque se evidencia diariamente en las calles y crece como pólvora. Hay sitios que realmente se han vuelto imposibles para transitar y que dan mal aspecto a una ciudad que intenta cambiar en medio de la apatía de sus habitantes, el poco compromiso de los funcionarios públicos y la mala imagen que alimentan los medios de comunicación con el visto bueno de los ciudadanos.

Muchos nos alcanzamos a ilusionar cuando hace alrededor de 20 días la actual administración entró como “escoba nueva” a intentar retomar y recuperar lo que es de todos. Operativos contundentes se hicieron en la zona de los puentes peatonales de la autopista sur, la avenida 30 de San Mateo y otros sitios donde hay presencia de vendedores, pero bastó con unas cuantas protestas del gremio para que las autoridades “flaquearan” y de nuevo se permitiera esos “mercados persas” que se han venido apoderando de la ciudad.

Aclaro que no estoy culpando a esta administración porque en algo más de dos meses de mandato no se puede solucionar un tema que se ha venido fortaleciendo durante años, pero sí llamó la atención porque se anunció con vehemencia que esta vez la alcaldía no “flaquearía” en sus intenciones de recuperar el espacio público, pero lo que vemos hoy es que está actuando igual que las anteriores, con el pretexto que se tomaría unos días mientras se encuentran soluciones para que los vendedores dejen las calles y se dediquen a otra actividad. Y es válido, pero ¿hasta cuándo? Queda la pregunta planteada.

Es entendible que el reto no es fácil, que la Policía no es suficiente para mantener un “tire y afloje”, que enfrentarse al gremio es muy complicado y mucho más cuando existen cadenas fortalecidas que hacen presencia en diferentes sitios de Bogotá, Cundinamarca y Soacha, pero también hay que entender que una de las responsabilidades del Estado (llámese municipal, departamental o nacional) es recuperar el espacio público y más aún cuando se trata de alimentos en malas condiciones higiénicas que pueden atentar contra la salud de las personas.

El llamado es entonces a que la actual administración municipal actúe con decisión, fortaleza y contundencia, pero siendo justa, que organice de una vez por todas ese censo de vendedores para saber cuáles son de Soacha y qué estrategias se van a utilizar para conducirlos a la organización y a la formalidad, incluso al cambio de actividad. Que se le diga a la ciudadanía qué va pasar con el denominado centro de ventas populares de San Mateo y si es posible implementar políticas que permitan recuperar el espacio público.

No hay que olvidar que todas las personas tienen derecho a trabajar y conseguir su sustento, que hay que buscar una salida pacífica y concertada, que se requiere darle toda la prioridad a los vendedores oriundos y residentes en Soacha, pero tampoco se puede desconocer que el espacio público es de todos y no de unos pocos.

Quiera Dios, como dicen los abuelos, que ese “mercado persa” que se armó en diferentes sitios, especialmente debajo del puente de San Mateo, que da mal aspecto, que no contribuye a la estética y que incluso se presta para que los delincuentes actúen, desaparezca muy pronto para que el esfuerzo de haber hecho un corredor llamativo y agradable sobre la Autopista, no se borre con la masiva presencia de vendedores, pero mucho más, por la negligencia de las autoridades municipales.