Según las Naciones Unidas, cada año se paga 1 billón de dólares en sobornos, y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares mediante actos de corrupción, suma que equivale a más del 5 % del PIB mundial.

A Colombia este tipo de prácticas sistemáticas y generalizadas le cuestan alrededor de 50 billones de pesos anuales, dineros con lo que se ha estimado podría abonarse por lo menos la tercera parte de la deuda externa del país, financiarse hasta tres líneas del Metro para Bogotá o cubrir todo el rubro que el Presupuesto General de la Nación ha asignado al sector educación para 2021.

Sin embargo, al permear todos los niveles del Estado, en especial en aquellas regiones donde este es más débil, la corrupción profundiza la desigualdad, la pobreza y la desconfianza en las instituciones, imponiéndose como una de las principales barreras para el desarrollo del país.

En su análisis, el profesor Lucio Picci, del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Bolonia (Italia), señala que combatir las acciones corruptas es una tarea monumental debido a lo complejo que resulta hallar a los autores primarios; por lo general, los castigos recaen en los más vulnerables de la cadena, pero no en aquellos que sacan mayores frutos. Una de las clases de corrupción poco estudiada es la corrupción “legal”, en la que se actúa con las leyes bajo el brazo.

De otra parte, el profesor Jorge Iván González, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, menciona que en las actuales circunstancias, cuando todo indica que el número de pobres seguirá aumentando como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se hace más urgente luchar contra la desigualdad, “propósito que no se alcanzará mientras el Estado permanezca capturado por una minoría de personas muy ricas”, advierte en su reflexión.

En su análisis, el experto Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, destaca que cada reforma tributaria, incluida la que se prepara para 2021, además de contribuir a la inequidad, podría favorecer una mayor percepción de corrupción, al considerarse que los ricos son los que evitan pagar impuestos gracias a su cercanía con los gobernantes.