El desalojo fallido de al menos tres familias de indígenas que viven en un predio ubicado en la vereda La Moya, municipio de Cota (Cundinamarca) fue el último de los esfuerzos hechos durante más de 12 años por la familia Páez Segura para recuperar el lote que compraron en 1994 y no han usado porque supuestamente hace parte del resguardo de esa comunidad.


Solo en el 2001, Ricardo Páez, su comprador, se percató de que algo extraño sucedía. Su tierra fue ocupada por casas, sin ninguna autorización previa, y de un día para otro se convirtió en un territorio “sagrado”.

“Mi papá cometió el error de no construir; acepto que en eso fallamos. Pero el terreno es nuestro y queremos que lo devuelvan. Llevamos más de 10 años luchando jurídicamente para que haya justicia”, dijo Juliana Páez, hija de quien, según la escritura 957 del 29 de abril de 1994, es el dueño legal de la tierra. Los cerca de 100 indígenas que viven en casas alrededor del predio en discordia tienen una opinión totalmente diferente. Para ellos, la familia quiere usurpar lo que les pertenecía a sus antepasados y hoy les pertenece a ellos.

“Nosotros nunca reclamaríamos algo que no es nuestro. Vamos a llegar hasta instancias internacionales para que respeten nuestro territorio, nuestras costumbres”, aseguró enérgico José Pereira, líder de los indígenas. Aunque ellos insisten en que el predio hace parte de su resguardo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) todavía adelanta estudios para definir si efectivamente lo es. Por ahora son contemplados como un cabildo.

El día del desalojo

Después de un largo proceso jurídico ante los juzgados de Funza, Cota y el Tribunal de Cundinamarca, finalmente se le ordenó a la etnia la entrega del lote para regresárselo a los Páez Segura. Pese a la decisión, el 25 de marzo, la esperanza de la familia se frustró. “Los indígenas no permitieron hacer el desalojo; decían que no había garantías, y eso ya lo habíamos discutido. Nuevamente no se solucionó nada”, explicó Juliana Páez.

Según otro integrante de la comunidad, quien dice pertenecer al pueblo muisca, no van a permitir que les “quiten” ninguna de las 505 hectáreas que hacen parte de su territorio, a pesar de que el Incoder asegura que la orden de desalojo para recuperar el terreno solo afecta a algunas familias y no a las 50 que, en sus cuentas, se contabilizan en la zona.
Mientras los indígenas insisten en que llegarán hasta instancias internacionales para defender el terreno, los Páez Segura piden que se les respeten los tiempos y se cumpla con la primera orden de desalojo dada.

Según la subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, las familias que viven en el terreno de 2.000 m² deberán salir, máximo en un año, del predio. Ese fue la conclusión a la que llegaron las entidades competentes el pasado 25 de marzo, cuando se iba a hacer el desalojo, el cual se suspendió por falta de garantías para la población que allí habita.

Aunque el municipio estaría interesado en comprar el terreno cuando se solucionen los inconvenientes, la transacción no se daría dado el costo, pues este se considera muy elevado.

Fuente: Eltiempo.com