Si algo ha caracterizado desde sus inicios el programa presidencial “Familias en Acción es justamente su profunda naturaleza “social”. Todas, absolutamente todas las familias del país, sin distinción de clase y estrato, están siendo objeto de los “beneficios y bondades” de cuanto programa implementa el actual gobierno. Desde los lugares más recónditos del país y desde las familias más pobres y olvidadas, hasta las más reconocidas y poderosas, el programa se ha hecho sentir.


Por ejemplo la distribución de bonos, mercados y subsidios, fomentan de manera intensiva la mendicidad de la población desplazada y está induciendo a los veinte millones de pobres y los ocho millones de indigentes que actualmente tiene el país, a seguir el mismo camino, lo que significa que al final de su tercer mandato no serán ya 28 millones de pobres sino 28 millones los indigentes

Los programas de emprendimiento para “crear empresa” y que aspiran a formalizar el trabajo informal mediante capacitaciones relámpagos de 40 horas a través del SENA, harán más competitivos a nuestros trabajadores pero para que se puedan incorporar a los mercados de trabajo y comercio informal.

Acción Social” uno de los programas bandera de la presidencia de la república, lleva a cabo unas veces extenuantes jornadas de vacunación contra la pobreza, el hambre, el desempleo y la violencia pero no para superar esta condición miserable, sino con el propósito de inocular el conformismo y la pérdida deliberada de la memoria y la dignidad de las victimas del desplazamiento, y otras veces recurre a la exhortación del patriotismo, que promueven oscuros círculos del poder central, quienes a su vez son los mismos que se benefician con la miseria de los pobres.

Y para dar una demostración inequívoca de verdadera “equidad y justicia social” el actual gobierno, ya desde sus inicios, ha venido entregando el Estado a los representantes de los poderes regionales para usufructo y beneficio personal y el de sus familias.

Para muestra un botón: El programa Agro Ingreso Seguro ha resultado ser un excelente programa con el cual se han venido beneficiando las familias más poderosas de la costa Caribe y otras partes del país. Incluso a estos beneficios no han sido ajenos algunos sectores del paramilitarismo que fueron beneficiados con el otorgamiento de subsidios no reembolsables.

Como si esto fuera poco, el gobierno del presidente Uribe, y todos los que lo han precedido en la conducción del Estado, distribuyó entre las familias más rancias, ricas y poderosas de la sociedad colombiana, los más altos cargos del Estado; ministerios, embajadas, direcciones de institutos, notarias, entre otros, ero lo que no dice el gobierno, ni lo dirá, es que aquellas dádivas han sido las retribuciones recibidas por estos círculos de poder, no como un reconocimiento a sus méritos o su gestión, por que finalmente no han hecho nada, sino como un pago por los favores recibidos durante su primera elección, su primera reelección y por qué no de la segunda.

Gracias a estas y otras estrategias, el gobierno del presidente Uribe ha fomentado a lo largo de su periodo de gobierno el deporte de la corrupción en todos los niveles del gobierno, empezando por la familia presidencial, cuyos favorecimientos y privilegios, han dado muestra de la gran capacidad empresarial de los delfines del primer mandatario y las de su séquito de aduladores, pasando por la voracidad de sus ministros y funcionarios de alto rango, hasta las famélicas “mordidas” de un simple y pobre agente de tránsito.

Otra actividad que suele promover y apoyar el gobierno para fortalecer sus estrategias de desarrollo, es la práctica de la impunidad delictiva en la cual son especialistas un gran número de funcionarios, y que si organizaran olimpiadas de la corrupción, los miembros del gabinete uribista con toda seguridad serían medallistas de oro.

En la mayoría de los casos esta práctica deportiva suele ir acompañada de un alto nivel de indiferencia, negligencia o complicidad de los organismos de control, la negligencia y complicidad de la justicia, y lo más grave de todo, de la indiferencia de la sociedad.

¡!!!!!!! Hoy el valor de la práctica del deporte de la corrupción y la impunidad alcanza la astronómica suma de 4.2 billones de pesos.!!!!!!!!!

¿Saben los colombianos de bien qué porcentaje del PIB representa esta cifra?

Para ello, y como para que no se note mucho, el gobierno del presidente Uribe ha venido parcelando los poderes públicos –y esa sí es una verdadera reforma, pero no propiamente agraria-, menos el suyo. Por el contrario, cada vez más tiende a concentrar el poder en torno a su círculo de advenedizos y oscuros personajes, impone candidatos de su conveniencia en los organismos de control, cuestiona y pone en duda las determinaciones de las cortes o copta a los miembros del congreso mediante dadivas y sobornos para que finalmente se impongan proyectos y reformas que en el mejor de los casos a quienes sólo benefician es a los poderosos.

Todos estos productos conforman el atractivo portafolio de la seguridad democrática y la confianza inversionista que fomenta el asistencialismo a ultranza como modelo ideal de desarrollo social entre los 28 millones de desarrapados que hoy deambulan por las ciudades y campos del país. Estas sí son verdaderas “familias en acción”

angelhumbertotarquino@yahoo.es