La denuncia fue hecha por el coordinador de la Veeduría Ciudadana sobre la encuesta del Sisbén tres, David Ramírez, quien luego de verificar el reciente informe de la Contraloría municipal relacionado con la auditoría adelantada al gobierno anterior, dijo que muchas de las encuestas realizadas por la universidad Distrital son falsas, y propuso solicitar la nulidad del efecto jurídico de todo el ejercicio.


secre-.jpg

No obstante el coordinador de la Veeduría fue más allá. Aseguró que el municipio pagó por algo que no se hizo, es decir, se está hablando de un posible detrimento patrimonial.

“Fueron contratadas cerca de 83 mil encuestas, de las cuales se entregaron 74 mil y el DNP sólo validó 51 mil, lo que quiere decir que el municipio pagó la totalidad de las encuestas pero no fueron validadas sino cerca del 70% del total. Muchas de esas familias que no fueron encuestadas y cuyas encuestas no fueron validadas, en este momento se encuentran fuera del Sisbén; además tenemos indicios de que algunas firmas fueron falsificadas, las huellas de las personas no corresponden a las del ciudadano encuestado, entonces estos hallazgos podrían determinar que la encuesta no fue legítimamente practicada”, aseguró Ramírez.

Pero lo grave del caso es que los diferentes programas del Estado se están rigiendo bajo los resultados de dicha encuesta, perjudicando a muchas familias del municipio de Soacha.

“El nuevo Sisbén va a tener una incidencia en muchos aspectos. Si algunas personas tienen puntaje superior, van a ser excluidas del régimen subsidiado y tendrán que entrar al régimen contributivo, afectado así la economía familiar. De igual manera, programas como el Adulto Mayor, los comedores de los abuelos y los bonos, también podrían ser retirados porque ya no llegan al puntaje que antiguamente tenían. Sucederá lo mismo y de manera masiva, con las familias que en esto momentos se encuentran en ‘Familias en Acción’; van a ser retiradas por no cumplir el requisito del puntaje”, agregó.

El error de la Universidad Distrital, según Ramírez, fue permitir personal inexperto en el terreno y debido a las condiciones laborales de los encuestadores, se cometieron errores que condujeron a falsificar un buen número de encuestas.

“Muchas de las personas que contrataron no eran de Soacha; entonces buena parte de los que contrataron de Bogotá no acudieron a realizar las visitas de manera juiciosa, sino que falsificaron las encuestas. Si una familia no les abría la puerta, el encuestador regresaba después, y si no la volvía a encontrar, falsificaba la encuesta para poder cobrar, porque les pagaban por encuesta realizada. Ahora, el proceso de selección que fue publicado supuestamente en la página de internet, no fue objetivo. Muchas de las personas que contrataron inicialmente renunciaron por la baja remuneración económica, y para subsanar ese vacío, metían a una persona de manera abrupta, la mandaban de una vez a terreno sin ninguna clase de conocimiento ni preparación, razón por la cual queremos investigar las fichas y la asistencia a las capacitaciones para poder determinar la falta de idoneidad de esos encuestadores”, aseveró.

Según el denunciante, él cuenta con información de los mismos encuestadores, quienes son testigos cuando una ingeniera de la Universidad Distrital les decía que tenían que responder por las encuestas sin interesar cómo. “Entonces creemos que no hubo como tal una acción premeditada de la universidad, dolosa, para perjudicar a la ciudad, pero sí la necesidad de cumplir con los tiempos y el objeto del convenio para tener más utilidades, por eso llevó a los encuestadores a cometer errores y obviamente perjudicaron a la ciudad”.

Para Ramírez también hay una alta responsabilidad del municipio, ya que la Directora de Desarrollo Económico de ese entonces, siendo la interventora del convenio, no revisó juiciosamente lo que estaba pasando. Aseguró que no hizo los informes específicos sobre este proceso de ejecución y por eso es que se pagó el faltante de un buen número de encuestas que no estaban validadas, razón por la cual la responsabilidad recae únicamente en la Secretaría de Planeación del momento.

Significa entonces, según el veedor, que ahora la Universidad Distrital tiene la responsabilidad de cumplir con el objeto del convenio y hacerlo bajo los parámetros legales. “Debe hacer las encuestas de una manera correcta, visitar a la comunidad, entrar a los hogares a verificar la información porque inicialmente la encuesta se hizo desde la puerta de la casa. Por otro lado la responsabilidad del municipio en este momento era proteger los recursos objeto del convenio con los cuales se pagaron las encuestas para garantizar, primero que el objeto del convenio se cumpla, y dos que el gasto que se genera sobre este convenio sea una inversión óptima y no que se pierdan estos recursos sobre unas encuestas fraudulentas”, puntualizó.

Si bien es cierto que la Contraloría entregó un informe de carácter fiscal, para Ramírez falta entrar a determinar otra clase de irregularidades de carácter procedimental y técnico a la hora de aplicar la encuesta. Precisamente es lo que la veeduría va a empezar a hacer, y es revisar las encuestas para verificar que los ciudadanos sí la hayan contestado y firmado, y que hayan plasmado su huella real. “Sobre eso vamos a solicitar la posible nulidad del efecto jurídico de la encuesta para que las familias no salgan de los programas sociales del Estado hasta que este tema no se haya subsanado y corresponda a la realidad”, finalizó.

Esta semana, tanto la Veeduría como la Secretaría de Planeación y la Dirección de Desarrollo Económico, trabajarán en conjunto para revisar las posibles irregularidades y con el informe de la Contraloría, solicitarle al DNP y a Acción Social (ahora el DPS), que frenen el accionar jurídico de esas encuestas para que las familias no se vean afectadas temporalmente, mientras se sigue indagando qué fue lo que pasó en ese proceso de recolección de datos del Sisbén tres.