Los residentes de Portal de la Sabana alegan que a pesar de haber recibido la administración del conjunto en junio de 2013, han tenido que soportar varios inconvenientes debido a la falta de responsabilidad de la constructora y del Instituto Agustín Codazzi, pues a pesar de las gestiones e insistencia de los residentes, aún no se ha desenglobado la urbanización.


Pérdida de oportunidades laborales, educativas y acumulación de impuestos son los mayores problemas que manifiestan tener los residentes de Portal de la Sabana, puesto que cuando la empresa constructora a cargo del proyecto entregó la urbanización al consejo administrativo y a la administración, conformada por la comunidad, lo hizo sin haber solucionado el desenglobe del suelo, razón por la que el predio aún no ha sido definido en su totalidad como propiedad de los compradores.

“A partir de la entrega hemos tenido una guerra entre la constructora y el Instituto Agustín Codazzi, según nos ha hecho saber el contratista, ellos han realizado lo necesario para tramitar el desenglobe del predio, incluso desde dos años antes de la entrega. Por su parte el Instituto no nos ha permitido saber cuál es la situación del conjunto, en las incontables veces que nos hemos dirigido mediante derechos de petición y presencialmente, nunca nos han atendido ni hemos tenido respuesta para resolver la situación del conjunto”, detalló Ana María Velasco, administradora de Portal de la Sabana.

Debido al silencio administrativo del que fueron testigos durante más de dos años, el consejo administrativo y la administración del conjunto decidieron instaurar una tutela contra el Instituto. Una vez hecha, el Instituto respondió, exigiendo a la comunidad unos documentos para el trámite. Dichos archivos deben ser presentados por la constructora; en ese sentido la administradora remitió una respuesta especificando que esas exigencias debían hacerlas a ella, pero desde entonces la comunidad no volvió a tener respuesta por parte del Agustín Codazzi.

Yorlady Murillo, miembro del consejo administrativo, describió la posición final que tomó la constructora respecto a la situación:

“Desde que estamos lidiando con la situación, la constructora le tira la pelota al Instituto Agustín Codazzi, y desde ahí ni siquiera se esfuerzan por responder. Precisamente por la complejidad de la situación, el representante de la constructora Los Sauces nos dijo que no se desgastaría más con el tema y que por esa razón el impuesto por la propiedad antes de ser desenglobada, no lo seguirán cancelando”.

Así mismo, la comunidad recibió otra notificación en la que los Sauces proponía el pago de los impuestos de los espacios comunes y los residentes asumirían el pago de los espacios construidos, sin embargo, la mayor parte de la comunidad no está de acuerdo, porque ni siquiera cuenta con un recibo que les permita autenticar que están pagando un impuesto, por el contrario sienten que la constructora ya les está atribuyendo una responsabilidad que no les corresponde.

“La situación nos ha generado todo tipo de inconvenientes, muchos de los residentes han intentado acceder a créditos, entrar a la educación superior o vender sus apartamentos; sin embargo las entidades financieras nos exigen estar al día con el pago del impuesto predial, pero por la negligencia de las entidades en mención a nosotros aún no nos facturan impuesto predial. Siendo así también tememos que este cobro se nos acumule y después tengamos que responder con sumas que están por fuera de nuestras capacidades”, especificó Jhon Jader Atencio, presidente del consejo administrativo.

Para finalizar, el vicepresidente del Consejo, José Iván Lozano, detalló cuál ha sido el inconveniente presentado por las entidades protagonistas en el caso, para dilatar el desenglobe de Portal de la Sabana.

“El Agustín Codazzi no ha llegado a un acuerdo en el que se defina cómo son los linderos que dividen los territorios de las haciendas Malachi y Potrero Grande, con el Río Soacha. Según esta situación que explicaron desde Catastro, ese es el motivo por el cual no han llegado a una decisión y nos siguen dilatando el desenglobe, conjuntamente nos dijeron que el proceso de reconocimiento puede llegar a tardar hasta diez años”, concluyó.