Habrá ‘chanfa’ para los concejales que buscan reelección?

Posted on 20 de febrero de 2011 by Periodismo Público

Es claro que este 2011 es un año netamente político y también es claro que los concejales que piensan repetir curul se la van a jugar toda para convencer a sus electores de la importancia de conservar su ‘puestico’ en la Corporación municipal, más aún, seguramente buscarán que el alcalde de turno les de algunas ‘obritas’, como ellos dicen, para sacar pecho y poder soportar su estadía en el cabildo.

Pensaría que es normal que eso pase debido a la tradición y costumbre con que los concejos se han venido manejando, no solo en Soacha sino en el resto de municipios del país. Es común ver a un concejal en determinado barrio o sector hablando con su comunidad, junto a los ingenieros y contratistas que orientan trabajos, diciéndole a los habitantes que fue él quien trajo la obra porque es su deber y responsabilidad, ya que para eso se eligió popularmente.

Para un habitante del común, en Soacha u otro municipio del país, es más que normal acercarse a su concejal a pedirle que le ayude con la pavimentación de su cuadra, que le tape el hueco de la esquina, que necesita una volquetada de recebo, o quizá que requiere urgente un puesto para su hija y que por eso votó por él.

Claro. Es la costumbre y la tradición. Pero la pregunta es: ¿será que desde el punto de vista jurídico y constitucional es legal?, ¿es sano para una sociedad que los concejales se abanderen de obras y consigan votos por ésta vía?.

Pues para responder sin apasionamientos ni errores, basta con remitirnos al Artículo 312 de la Constitución Política de Colombia, el cual fue modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2007, cuyo texto es el siguiente: “En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal.

La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos”.

Bien. El artículo siguiente de la Constitución, es decir el 313, establece claramente las funciones de los concejales y en NINGUN punto habla de hacer, ejecutar o realizar obras como tarea y requisito para conseguir votos o desempeñar su labor.

Una cosa es la tradición y me atrevería a decir más bien, ‘los vicios de la política’, y otra muy distinta es la ley y la Constitución. Claro que aquí entran al juego de palabras e interpretaciones los mismos habitantes, porque son ellos los que votan a cambio de una obra, una dádiva o un puesto de trabajo.

El orden político-administrativo identifica, define y organiza entidades territoriales de manejo, creadas por el Estado para el servicio de la población, y en este caso la entidad territorial es el municipio.

Significa que el concejo adopta, reglamenta, autoriza, vota y elije pero no ejecuta, porque su principal función es ejercer control político sobre la administración municipal. Recordemos que finalmente los proyectos que se presentan, se discuten y se prueban, se convierten en acuerdos municipales, y son éstos las directrices por las cuales se debe guiar el ente territorial.

Sería bueno que todos los ciudadanos que tengan la intención de votar en las próximas elecciones lean una y otra vez los dos artículos de la Constitución mencionados para que Soacha y sus instituciones comiencen a cambiar.

Ahora. ¡Cuál es entonces el rol y la función de los concejales?. Pues no es otro que el de ejercer control político sobre la administración municipal, resumido en el artículo 313 de la Constitución. Hay que quitar ese estigma que es el concejal el que lleva la obra al barrio; recordemos que el ordenador del gasto única y exclusivamente es el alcalde (para el caso de los municipios). El concejo aprueba el presupuesto, pero quien lo ejecuta es el mandatario de turno. Cosa muy distinta es el control y seguimiento que se le debe hacer a la ejecución de ese presupuesto, que a propósito, también lo pueden hacer los ciudadanos del común, a través de las veedurías.

Como ciudadanos de a pie, como habitantes y miembros de una comunidad, debemos comenzar a cambiar para lograr una renovación de los concejos, para elegir verdaderos integrantes de las corporaciones municipales, para exigir que desempeñen su función constitucional y no permitir que con los votos del pueblo hagan politiquería una vez elegidos.

Respeto a todos y cada uno de los concejales, pero creo que llegó la hora de cambiar. Y ese cambio se logra con el esfuerzo sincero de tres protagonistas: El primero sin duda es el del pueblo. Los votantes deben borrar el estigma del concejal de favores y cambiarlo por una figura capaz de representar los intereses de toda una comunidad, no del elector, ni de su cuadra, ni de su barrio; el concejal representa al pueblo en general. El segundo que entra al juego es el propio cabildante, porque es él quien debe tener la capacidad de hablarle claro a sus simpatizantes sobre lo que puede y debe hacer; los candidatos tienen que ser transparentes y honestos en todos los aspectos, incluyendo su discurso. Y el tercer elemento a tener en cuenta es la actitud del mandatario de turno. Es claro que el ordenador del gasto es el alcalde y es él, a través del un estudio que realiza cada una de sus secretarías y basado en un Plan de Desarrollo (alimentado a su vez por los ejercicios ciudadanos en los barrios), quien destina su distribución.

Teniendo en cuenta el último aspecto, la mal sana costumbre de canalizar las obras a través de los concejales, fue lo que desató la pelea de la oposición con el suspendido alcalde José Ernesto Martínez. No quiero profundizar en esta parte ni herir susceptibilidades, pero ojalá el actual burgomaestre, el doctor Iván Moreno, entienda que este es un año de grandes obras y que ningún concejal debe ‘sacar pecho’ por una responsabilidad directa del ejecutivo municipal, porque es claro que el alcalde es quien debe ordenar la inversión de los recursos, producto de transferencias, partidas y del pago de impuestos.

Las obras no son un favor que hace el municipio, obedecen a un deber y a una responsabilidad propia del cargo, porque recordemos que lo que hace el ejecutivo es administrar recursos. Bajo esta premisa, repito, las obras son de responsabilidad del ejecutivo, los concejales no administran recursos municipales.

La pregunta ahora sería. ¿Le jugará el alcalde Iván Moreno al interés de la gran mayoría de concejales?, o como dicen muchos…¿Les dará ‘chanfa’ en este año electoral?. Pues ojalá que no, porque si eso sucede, simplemente los cabildantes estarían haciendo campaña con la plata del pueblo y me parece que eso no es sano.

Queda entonces la reflexión y la tarea para que la misma comunidad supervise el desarrollo de las obras y ojalá en adelante no veamos concejales sacando pecho al lado del alcalde, de los ingenieros y de los contratistas. Queremos ver concejales propositivos, dinámicos, que aporten, que se dediquen a lo que la ley les encomienda: hacer un verdadero control político sobre la administración municipal, no a sabotear ni interferir en la aprobación de los proyectos de acuerdo…