Human Rigths Watch cuestiona acuerdo de justicia entre gobierno y FARC

Posted on 23 de diciembre de 2015 by Periodismo Público

José Miguel Vivanco, Director de la ONG Human Rigths Watch, manifestó su preocupación por la ausencia de penas privativas de la libertad para los miembros de la guerrilla de las FARC, tras el anuncio del acuerdo en materia de justicia entre el gobierno y este grupo armado ilegal.

En rueda de prensa desde Washington, el director de Human Rigths Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, elevó un fuerte memorial de agravios contra el acuerdo sobre satisfacción de los derechos de las víctimas, alcanzado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno y las Farc en la mesa de diálogos de La Habana. Vivanco fue enfático en advertir que con este acuerdo se violan los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

A partir de esa advertencia, la ONG norteamericana propone un minucioso análisis del texto de los acuerdos, haciendo énfasis en los alcances jurídicos que éstos pueden tener en el ámbito nacional y desde la perspectiva internacional. Las críticas de HRW se basan específicamente en los preceptos que regirán la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y el tribunal que se deriva de éstos.

“El acuerdo prevé que el Tribunal aplicará un régimen de sanciones, que no reflejan los estándares aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, refiere el informe.

La primera crítica de Vivanco es que el acuerdo establece que las penas privativas de la libertad no se cumplan en establecimientos carcelarios, pues a su juicio la normatividad internacional obliga a que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra sean sancionados con penas de prisión. “Cuanto menos se asemejen las condiciones de castigo previstas en el acuerdo a las condiciones propias de la privación efectiva de la libertad -incluidas áreas limitadas de confinamiento y un efectivo control y supervisión de los detenidos-, será más probable que Colombia incumpla con su obligación de aplicar un castigo adecuado”, sostiene el informe.

En este mismo sentido, HRW considera inaceptable que los responsables de graves crímenes sean eximidos de las penas de prisión por contribuir con la verdad y que en su lugar se le apliquen sanciones de carácter restaurativo. “Las únicas “restricciones de libertades y derechos” que enfrentarán los responsables que hayan confesado sus crímenes serán las “necesarias para (la) ejecución” de estas sanciones restaurativas y reparadoras”, refiere.

Precisamente, lo que en el acuerdo se refiere a restricción de la libertad es lo que más molesta a HRW, por lo que advierte que del texto dado a conocer por el Gobierno y las Farc se infiere que los condenados podrán trasladarse a distintos lugares. “El acuerdo parece permitir que realicen desplazamientos que sean ‘compatibles con el cumplimiento de la sanción’. Incluso permite la posibilidad de realizar desplazamientos ‘que no sean compatibles con el cumplimiento de la sanción’, siempre que esto sea autorizado por funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz”, agrega.

Otro aspecto que HRW considera inadmisible del acuerdo de paz es el que se refiere a la duración de las sanciones. El acuerdo señala que quienes se sometan al tribunal reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la verdad podrán tener penas entre cinco y ocho años, pero para Vivanco la redacción del acuerdo deja la puerta abierta para que la condena sea menor, en tanto “los términos en los cuales califica al mínimo de cinco años parecen sugerir que se refiere a la duración de los proyectos restaurativos y reparadores, y no de las restricciones a la libertad”.

Otro de los aspectos que preocupa a HRW, es que a pesar de que el Gobierno y las Farc habían advertido el 23 de septiembre, cuando se dio a conocer el comunicado de prensa sobre el acuerdo de justicia, que quienes incumplirán con las sanciones impuestas perderían los beneficios, en el acuerdo final no se hace mención a este condicionamiento. Al mismo tiempo, la ONG norteamericana expresa su preocupación por lo que se refiere a las responsabilidades que se derivan de la cadena de mando.

“Si no se lleva a cabo una interpretación consistente con el derecho internacional, los altos mandos podrán argumentar que no tienen responsabilidad alguna, conforme a la responsabilidad de mando, ya que no existen evidencias que demuestren que tenían control efectivo sobre los hechos ilícitos o conocimiento real del delito. Esto generaría responsabilidad internacional para Colombia por violar sus obligaciones jurídicas internacionales”.

De la misma manera, Vivanco controvirtió el que responsables de graves crímenes puedan resultar elegidos a cargos de elección popular. “Human Rights Watch considera que ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo esa pena”, puntualiza.

Finalmente, HRW se va lanza en ristre contra el tribunal para la paz, pues considera que aunque no se ha establecido el mecanismo de elección de los magistrados, no existen garantías para que Gobierno y Farc no interfieran en la elección de los jueces. “Si bien el acuerdo excluye expresamente la participación directa de las partes en el proceso de selección, no impide que puedan generar mecanismos y criterios que podrían otorgarles una influencia indebida en la selección de jueces”.

En respuesta a Vivanco, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, refirió que “el acuerdo que se hizo en materia de derechos de las víctimas es el acuerdo más complejo y completo que se ha hecho en cualquier proceso de paz en el mundo entero. Este es un acuerdo de paz sin impunidad, que como nunca antes garantiza los derechos de las víctimas. Este acuerdo no se puede analizar sólo desde la perspectiva de años de cárcel, como lo hace Human Rigths Watch”.

Con el apoyo de: El Espectador