Escribe: Galo de Jesús Herrera

Desde cuando tengo uso de razón siempre he pensado sobre la desigualdad social, el equilibrio de poderes, el poder de las potencias, el abuso de las autoridades y sobre todo la desigualdad de la administración de la riqueza del estado y la riqueza privada; dentro de este marco de ideas siempre he asegurado con absoluta convicción que Colombia no es un país pobre, sino al contrario, mal administrado por los gobernantes de turno y que sus políticas van encaminadas a enriquecer un reducido número de sinvergüenzas que sin escrúpulo alguno viven a costillas del estado.

Desde esta columna editorial quiero hacer un serio llamado a cada uno de nuestros gobernantes de turno en el sentido de que se deber ejercer desde todo principio la autoridad que le consagra nuestra constitución política y las leyes de la república,  frente a la defensa del ciudadano por el  abuso arbitrario por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Para nadie es desconocido que en estos últimos meses  cuando la situación económica por la que atraviesa, no solo Colombia, sino el mundo, es escalofriante y que frente a una gran cantidad de muertos, enfermos, desempleo, pobreza oculta y más síntomas producto de la pandemia del Covid 19,  las empresas de servicios públicos domiciliarios no tengan piedad ni contemplación alguna frente a la crisis y por ende el costo del valor de sus servicios prestados se vea  incrementado en la mayoría de los casos en más del 100%, y lo que es peor aún, en los estratos  más pobres y humildes de nuestra geografía.

Es hora que la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, en articulación con los mandatarios locales y departamentales,  tome cartas en el asunto y que una  gran cantidad de nuestros gobernantes dejen el populismo barato y despiadado de ofrecer lo que no pueden cumplir; semanas atrás se ofrecían como los salvadores de este tipo de necesidades y hoy en día, que las facturas por concepto del servicio en las empresas prestadoras prácticamente son impagables, nadie dice nada; todo queda en el olvido y a salvarse quien pueda quizá con una financiación para los próximos años.

Por otro lado podemos observar y darnos cuenta que las diferentes medidas que han tomado las autoridades nacionales, departamentales y municipales frente a los mecanismos de prevención, han sido posiblemente efectivas, pero al mismo tiempo  nos podemos dar cuenta que la cantidad de desempleados deja una enorme brecha y por consiguiente, como se dice en el argot popular, “el palo no está para cucharas” y la falta del dinero se siente en todos y cada uno de los rincones de nuestra geografía, y que por necesidad en algunos casos y por descuido en la gran mayoría, salimos a la calle sin el mínimo cuidado de las protecciones de bioseguridad, lo que muy posiblemente nos pueden conducir a problemas que quizá cuando sea tarde no podamos ni siquiera lamentar.

Con respecto a las ayudas humanitarias que  han sido canalizadas por medio de los diferentes mandatarios y que en las redes sociales se publican en medio de fotos y videos como si fueran los salvadores de una crisis,  es importante señalar que no existe ninguna ayuda personal, salvo algunos casos que determinados alcaldes y gobernadores generosamente  han donado sus sueldos. Las ayudas humanitarias representadas en bonos, mercados y otros son la repartición equitativa que el gobierno nacional en un estado de emergencia se encuentra en la obligación de hacerlo y que por consiguiente no existe nada que agradecer, al contrario convertirnos en veedores permanentes frente a tanta injusticia cometida en estos tiempos tan difíciles.

La verdad es que ante tanta situación e incertidumbre de una reactivación de la economía del país, que por cierto tendrá que durar mucho tiempo, es increíble pero cierto que la corrupción impera a costa del dolor y sacrificio de los menos favorecidos al punto que  varios alcaldes y gobernadores sin escrúpulo alguno, por medio de la celebración indebida de contratos y los sobrecostos de los mismos, se han convertido en los ladrones directos de  la comida de los pobres  porque  no existe otro calificativo para estos desfachatados gobernantes que como mínimo los entes del control del estado como la Procuraduría, Contraloría y La Fiscalía, en una toma de decisiones articuladas, deberían no solo exigirles devolver los dineros, sino también unas sanciones ejemplares como la prisión intramural sin ningún tipo de beneficios y su inhabilidad de por vida en la participación en política y en ejercer  cargos públicos.

Sin embargo, como no todo puede empañar la imagen del país, felicitar a cuyos gobernantes se encuentran haciendo bien la tarea y por ende los ciudadanos, Dios y la patria los premiará en su tiempo.

@galodejesus