Que el Alcalde Petro cace otra pelea no es ninguna novedad. Que entable varias al mismo tiempo tampoco. Es de su carácter. Y de su ímpetu. Pero que lo haga para defender argumentos en contravía a su discurso parece poco creíble a primera vista. Su más reciente fuente de conflicto con el gobierno nacional y el gobernador de Cundinamarca, confirma lo increíble. Petro y Diego Bravo, su gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, se niegan a venderle agua en bloque a los municipios de la Cundinamarca próxima. Y ahí fue Troya.


El gobernador Álvaro Cruz advierte que semejante decisión afectará a cerca de 150.000 familias que esperan la terminación de los proyectos de vivienda de interés social en curso en varios municipios. Y en ello lo apoya Camacol. Y el Ministro Vargas Lleras no oculta su preocupación por la alteración de sus metas en vivienda para los más pobres que ha anunciado con bombos y platillos el Presidente Santos. Y tienen razón. Pero hay también un efecto perverso que genera esta determinación. Ante la incertidumbre en la que quedan los proyectos inmobiliarios en la región, el precio del suelo y la vivienda en Bogotá tiende a dispararse. Y ello puede afectar seriamente el propósito de una ciudad densificada prometida por el Alcalde.

Otras contradicciones saltan a la vista. El documento base del Plan de Desarrollo de Petro esgrime la correcta tesis de que la “ciudad debe tener un ritmo y un tipo de crecimiento que contribuya a que entre Bogotá y los municipios cercanos haya convergencia en términos de calidad de vida”. Y seguramente dicha afirmación se basa en las contundentes cifras que obligan a una lucha por disminuir la segregación socio-espacial en Bogotá y en los Municipios de Cundinamarca. Veintiséis municipios del departamento están por debajo de las categorías 3 y 4 y todos los municipios están con niveles de pobreza por encima del 10%. Negar el agua a los municipios es un acto inhumano contra los más pobres.

Recordemos que ha sido Petro quien ha reivindicado el derecho al agua como fundamental. Por ello asombra una decisión que le niega ese derecho quienes viven fuera del perímetro de la Capital. Y si es por rentabilidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recibió por este concepto ingresos anuales de cerca de 25.000 millones de pesos. También hay un asunto de equidad territorial. Bogotá recibe el 80% de su agua del Páramo de Guerrero localizado entre Chiquinquirá y Ubaté, y de los páramos de Chingaza y Sumapaz. Y no hace falta esgrimir argumentos legales como para concluir que Bogotá y la EAAB incurren en una conducta irregular advertida en la ley de servicios públicos. Luego de abundar en el carácter del derecho al agua, la ley 142 en su artículo 2 numeral 2.6 previene sobre la no utilización de la posición dominante.
El Alcalde debería ahorrarse esta pelea. Y ser coherente con su idea de una Bogotá compacta que frene la conurbación.