[VIDEO] Las firmas del proceso de revocatoria a Carlos Fernando Galán: más allá de una Carlos Fernando Galán

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 El proceso de revocatoria contra el alcalde Carlos Fernando Galán avanza conforme a lo establecido en la ley. Sin embargo, los intereses de sus promotores al parecer van más allá de una iniciativa ciudadana.

La revocatoria de alcaldes en Colombia es una figura que le brinda a los ciudadanos la posibilidad de retirar al mandatario electo democráticamente si luego de determinado tiempo su gestión no resulta satisfactoria. En el papel es una herramienta que suma a la democracia y fortalece la legitimidad de los mandatarios, pero en la práctica se puede percibir como una forma en que los opositores a las administraciones de turno utilizan para sabotear la gestión gubernamental.

Tal es el caso de Bogotá, la capital del país, y cuyo mandatario ocupa el segundo cargo más importante de la nación, solo por detrás del presidente de la República. Desde septiembre de 2025, el concejal Jairo Avellaneda, de la Colombia Humana, anunció que emprendería las acciones correspondientes para retirar al alcalde Carlos Fernando Galán del cargo para el que fue electo en octubre de 2023, esto bajo el argumento de la proliferación de basura, lo que según él afecta la salud de los bogotanos, además de la baja ejecución de recursos públicos.

No obstante, los argumentos de Avellaneda se quedan cortos al lado de las medidas que desde la Administración se están implementando para hacerle frente a la crisis de basuras en la ciudad. Estas acciones distritales incluyen las llamadas “tonadas”, que buscan que los ciudadanos identifiquen el momento exacto en el que deben sacar sus residuos, lo que promueve el respeto por los horarios de recolección en cada sector.

En paralelo, se implementan grupos ciudadanos en cada zona de la ciudad en los que se difunden detalles clave sobre las rutas que los vehículos recolectores siguen. Esto con el fin de que los desechos ocupen el espacio público por tiempos reducidos y no afecten la calidad de vida ni la circulación de los bogotanos.

Si bien la figura de revocatoria de mandatarios locales existe desde la promulgación de la Constitución de 1991, pese a varios intentos por hacerla efectiva en la capital, ninguno de los alcaldes ha sido retirado de su cargo. Los exalcaldes Samuel Moreno, Enrique Peñalosa y el hoy presidente Petro, enfrentaron procesos de revocatoria durante sus administraciones que no prosperaron.

No obstante, el proceso contra el exalcalde Petro fue el más sonado por cuenta de la amplia recolección de firmas de los ciudadanos y convocatoria a la respectiva, consulta que no alcanzó a materializarse por decisiones de la Procuraduría y el Consejo de Estado que lo sacaron y lo restituyeron de manera intermitente en el cargo, lo que terminó por frustrar el proceso en 2015, cuando la Corte Constitucional resolvió que no se justificaba el millonario gasto en el mandato para el que el entonces alcalde de Bogotá había sido elegido.

Lo llamativo del proceso que enfrenta hoy el alcalde Galán es que es promovido por personajes que han cobrado cierta relevancia mediática por su férrea oposición a las políticas distritales. Por un lado, está una figura que llegó a ocupar una curul en el Concejo de Bogotá y que una de sus primeras acciones de control político fue el inicio de la revocatoria del mandatario de los bogotanos, que ha tenido repetidos choques con el jefe de Estado, a quien el concejal es afín en sus políticas.

Por otro lado, se destaca una cabildante que llegó a su cargo como uno de los más votados en las elecciones de octubre de 2023 y que desde su curul se ha dedicado a concentrar las demandas de los conductores y motociclistas de la ciudad, a veces con marchas y plantones que han reducido la movilidad en la capital.

Si bien la recolección de firmas con fines de revocatoria es un ejercicio constitucionalmente legítimo, se espera que los promotores protejan los datos de los cientos de bogotanos que confían en que el proceso de oposición al mandato de Galán nace de una iniciativa ciudadana y no tiene fines electorales. Por ello, los entes de control deben mantenerse alerta ante las actuaciones de estos grupos donde colaboradores de la recolección de firmas ya anuncian abiertamente por redes sociales tener aspiraciones de cara a las próximas elecciones ¿Usted firmaría algo cuando no le explican cómo se cuidan sus datos o, peor aún, cuando podrían usarlos con fines electorales sin su autorización?

El proceso de revocatoria contra el alcalde Galán es una herramienta que se fundamenta en la situación de basuras que exige la implementación de un nuevo modelo de aseo a partir de 2026 en la ciudad. De acuerdo con los promotores, dicha situación afecta notablemente la calidad de vida de los ciudadanos y, según este grupo, refleja el incumplimiento del Plan de Gobierno “Bogotá Camina Segura” con el que Carlos Fernando Galán llegó a la Alcaldía Mayor de la ciudad.

Sin embargo, existen voces que abogan por el mandatario y argumentan que el nuevo intento por retirar a un alcalde de su cargo es una estrategia de los sectores afines al Gobierno Nacional para debilitar a la oposición de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Así lo ha señalado Juan Pablo Camacho, apoderado del alcalde de Bogotá para la defensa en el proceso de revocatoria, quien se sumó a las voces que desde el Concejo argumentan que no es una verdadera iniciativa ciudadana, sino que obedece a una estrategia para “desestabilizar y frenar” el desarrollo de la ciudad que, según la Alcaldía, en parte corresponde a la culminación y cumplimiento de los compromisos y proyectos adquiridos en administraciones anteriores.

“Es sin duda una intención política que en virtud de que se acercan las elecciones se inscriba un comité para, seguramente, marcar la agenda de la próxima elección en Bogotá con esta revocatoria, tratando de desestabilizar la ciudad, pero sobre todo de pararla, de frenarla y de impedir que el alcalde Carlos Fernando Galán consolide el mejor gobierno de la historia en Bogotá”, indicó Camacho durante la audiencia pública que dio inicio formal al proceso que tiene como fin retirar al mandatario distrital de su cargo.

Cabe destacar que en los comicios de 2026, más allá de elegir a un nuevo presidente y a los nuevos congresistas, los colombianos tendrán el deber de decidir si en el país se continúan implementando las políticas impulsadas por el inquilino de la Casa de Nariño o, por el contrario, se avanza en la consolidación de proyectos que realmente atiendan las necesidades de los habitantes del territorio nacional y sean producto del consenso entre todos los sectores políticos.

Por Mao Prieto, consultor y estratega político

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