El Concejo Municipal de Támesis, Antioquia, en el noroccidente colombiano,en una actitud que enaltece a sus miembros, acaba de promulgar un Acuerdo mediante el cual (pretende).: ..» Institucionalizar y promover la defensa constitucional del medio ambiente «,disponiendo, además, la revisión de los actos administrativos de todas las entidades, incluidas las del orden nacional, que hayan otorgado permisos ambientales o licencias de concesión minera para exploración o explotación de recursos naturales en su territorio.


La disposición , al declarar la municipalidad Zona de Protección Especial y de prohibir cualquier clase de explotación y exploración , se apoya en la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General de la Nación, como órganos de auditoria e inspección.

El pronunciamiento del cuerpo colegiado se produjo días antes que Sandra Morelli, la valiente Contralora General de la República de Colombia,denunciara las graves anomalías en las que han incurrido la multinacional anglo-australiana BHP Billinton,propietaria de Cerro Matoso ,la que ha tenido por espacio de 30 años la titularidad de la concesión, según los especialistas,una de las mas grandes minas de explotación de níquel a cielo abierto en América Latina.

En vísperas de expirar el plazo concedido a la multinacional para la explotación, Morelli, ha señalado que la empresa adquirió en principio unos permisos ambientales apoyada en una ley que fue declarada posteriormente inconstitucional, por lo que no es viable una prórroga del contrato en esas mismas condiciones jurídicas. Además de señalar que Cerro Matoso, ha incumplido permanentemente en materia ambiental y en las prevenciones de salud pública, ya que su despacho ha verificado la contaminación de fuentes de agua con residuos cancerígenos,colocando en grave riesgo a las poblaciones cercanas al complejo.

Sin mencionar , lo menos importante en nuestra opinión,el hecho ,según la denuncia de la funcionaria ,de que Cerro Matoso, ha dejado de girar por concepto de regalías una suma superior a 62.000 millones de pesos, y a la existencia de paraísos fiscales en donde se encuentran gran parte de los recursos.Ese sería el mal de los menores, si se compara con la expoliación criminal del medio ambiente y la salud de las personas .

Es así que ante lo inevitable, dicen los expertos,ese contrato no puede ser prorrogado, sino que, por lo contrario, sus términos deben ser re-negociados o, como lo exigen al gobierno organizaciones de ciudadanos vecinos del lugar,se disponga la apertura de convocatorias públicas para que otras empresas accedan a la concesión. O en el último de los casos,que la Nación asuma directamente el manejo de la empresa, con la adopción amplia de una agenda social que reinvindique en algo los destrozos causados al entorno y a las poblaciones circunvecinas.

Se espera que la vigilancia permanente de la Contraloría General de la República sea, como lo está haciendo, un muro de contención a la arrogancia criminal de algunas multinacionales que ya han puesto sus ojos sobre los santuarios de Santurbán,fuente hídrica, forestal y de biodiversidad,sobre el mismo proyecto de El Quimbo, y sobre la propia riqueza biológica y natural del Macizo Colombiano, amenazada por cerca de 1.380 solicitudes para explotación minera por parte de AngloGold Ashanti,Continental Gold, Carboandes, entre otras.Pero que también esa actitud sea asumida , finalmente, por otras entidades de control ambiental, las que sinceramente están en deuda con el medio ambiente , por lo tanto con el inmediato futuro del planeta, y con nuestra propia supervivencia.