Más de 700 familias en riesgo por fallas estructurales en Ciudad Verde

Más de setecientas familias residentes en Ciudad Verde se han visto perjudicadas por fallas en la estructura de más de 700 apartamentos ubicados en las 35 torres de la urbanización Primavera. La comunidad ya acudió a la administración municipal y manifestó su inconformismo y preocupación ante el detrimento de la calidad de vida y el posible riesgo de afectaciones a la integridad que corre dentro de sus hogares.

En el año 2013 la empresa constructora Prodesa presentó el proyecto Primavera, realizado en Ciudad Verde, a la iniciativa propuesta por Cemex, “Premio obras Cemex 2013”, que consistió en destacar la innovación continua aplicada a la construcción pensada en pro de responder a los desafíos sociales y de sostenibilidad que actualmente enfrenta la sociedad. En el concurso la obra fue catalogada como el mejor proyecto de vivienda de interés social y por lo tanto obtuvo reconocimiento por parte de seis representantes destacados de la industria constructora a nivel nacional, entre ellos Sandra Forero, presidenta de Camacol.

Para ese entonces, Primavera figuraba como uno de los mejores proyectos urbanísticos en Ciudad Verde, hecho que generó confianza en los residentes de las 35 torres que la comprenden y en los compradores restantes que decidieron adquirir ahí el que sería el hogar para sus familias. Sin embargo en 2014, Edwin Sarto, líder de la comunidad en la urbanización, solicitó el certificado de ocupamiento, que determina el control que debe ejercer la administración municipal con respecto al desarrollo urbano propuesto por la constructora. La respuesta por parte de la Secretaría de Planeación especifica que la empresa no posee dicho certificado y que por lo tanto la construcción carecía del cumplimiento de las normas.

La confianza y la dicha de las familias resultó efímera una vez que empezaron a percatarse del inconveniente generado por la falta del documento que certificaba el control de urbanismo; conjuntamente, diversas falencias que empezaron a surgir en los apartamentos representaron una amenaza para la integridad de varias familias que ahí habitan.

Por su parte, Sarto describió: “En diciembre de 2014 tuvimos una emergencia en la que se presentaron muchas fugas de gas en las 35 torres, una vez nos comunicamos con la empresa prestadora del servicio, esta hizo los estudios correspondientes y nos especificó que las redes primarías estaban mal hechas y no cumplían con la norma técnica; en vista de la situación solicitamos la garantía y efectivamente tuvieron que volver a hacer todas las redes, pero dejando la tubería por fuera, hecho que desmejoró la calidad de las viviendas”, detalló el líder.

Finalizando el 2014 en el país ocurrió un sismo que afecto el territorio Cundiboyacense, impactando considerablemente en Soacha. Si bien no se reportaron damnificados en el municipio, en Primavera se vieron afectadas las torres 5 y 6 del conjunto, las cuales presentaron grietas en su estructura y al interior de la urbanización resultaron agrietamientos bastante grandes que comprometieron la seguridad de las familias y transeúntes; una vez más Prodesa intervino las afectaciones, al tiempo que estaban llegando a acuerdos con los residentes para continuar con el arreglo de las falencias. Aún no habían definido los términos cuando la comunidad se percató de que los arreglos realizados por la empresa ya se estaban dañando y el conjunto presentaba deterioros más preocupantes.

En vista de la situación, la comunidad citó a miembros de Prodesa a la Cámara de Comercio en donde establecieron un punto de encuentro en el que la empresa manifestó su intención de realizar los arreglos correspondientes en la parte externa y conjuntamente las debidas adecuaciones a los cientos de apartamentos que presentaban problemas de goteras, inundaciones, grietas, humedades y puertas que no cerraban, entre otros. A pesar del interés manifestado por la entidad, empezó a comunicarse con los dueños de los apartamentos, pidiéndoles que le retirarán el poder al líder que había estado asumiendo la situación.

De acuerdo con la comunidad, al ser conscientes del ambiente que generó la acción de los habitantes ante todas las fallas que presentó la urbanización, varios residentes presentaron una acción de grupo firmada por 114 personas que demandaron a Prodesa por no realizar el desarrollo urbano de acuerdo a lo estipulado en los planos, y a la administración municipal por no ejercer el debido control sobre la constructora. La suma que establece la demanda que involucra solo a los 114 firmantes, denota una afectación de 3600 millones pesos, sin tener en cuenta las indemnizaciones a las que haya lugar.

Además de los problemas ya registrados, la comunidad adquirió un informe técnico que especifica que la urbanización no cumple con el tema de seguridad correspondiente para garantizar la protección de la integridad de los residentes, razón por la que los dueños de los apartamentos también pidieron un amparo de protección, especificando que en caso de una tragedia, es la constructora la única responsable.

Por otra parte, en el transcurso de octubre del año en curso, la administración del conjunto denunció que a la portería llegaron unos documentos, los cuales iban dirigidos directamente al administrador y contenían un sufragio que amenazaba la integridad del mismo. Inmediatamente el afectado se dirigió a la Personería, donde según él mismo, fueron diligentes y en este momento están establecidas las medidas se aseguramiento correspondientes. Así mismo y en respuesta a un oficio generado por la misma Personería, la Secretaría de planeación envió un delegado para que evaluara la situación de la construcción con la meta de generar el debido control que debió ejercerse desde el principio sobre Prodesa.

Por su parte, el personero municipal Henry Sosa, explicó:

“Frente a este tipo de situaciones que se presentan con la propiedad horizontal, nosotros solicitamos que se haga una visita por parte del ente de control, en este caso Planeación, y si efectivamente se presenten situaciones adversas, los residentes deben iniciar los procesos civiles por el incumplimiento de los contratos que se celebraron con la constructora, conjuntamente se debe exigir a la administración municipal que se haga el debido seguimiento y control a dichas constructoras por incumplimiento. En caso de que no sean escuchados, la Personería municipal está en la obligación de acompañar el proceso e iniciar las acciones reglamentarias, entre estas puede estar una acción popular, con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos del comprador”, concluyó Sosa.

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