La alarmante cifra fue revelada por la Directora regional de ICBF Cundinamarca, María Eugenia Bustos, quien aseguró que Soacha es un ‘bomba de tiempo’ y que los escandalosos datos obedecen a la gran problemática social que enfrenta el municipio, producto – entre otras cosas – del desplazamiento forzado y de la asignación de viviendas gratis por parte del gobierno nacional.


La Directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también cuestionó la presencia de las ONG en el municipio, muchas de las cuales sólo sacan recursos, pero su trabajo con las comunidades vulnerables es prácticamente nulo.

Lo delicado del caso es que los menores judicializados y con responsabilidad penal deben ser llevados a Medellín y a otros lugares del país, porque el centro de Zaragoza de Soacha sólo tiene capacidad para 40 jóvenes y en Cundinamarca apenas se está construyendo el de Girardot.

Dra. María Eugenia, ¿a qué le atribuye usted que más del 90% de los jóvenes que se judicializan en Cundinamarca sean de Soacha?

Desafortunadamente Soacha ha crecido de una manera desproporcionada y cada día es mucho más complejo porque allí llega todo. Diariamente uno puede hablar de más de mil desplazados que llegan al municipio, igualmente lo hacen los desvinculados de aquellos grupos al margen de la ley. Ahora, las viviendas gratis que se están entregando ha sido un tema complicado, no hubo una preparación previa para poder atender esta población, eso ha generado un foco de atención permanente de todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar, no hay convivencia, no se hizo un trabajo previo que les permitiera aceptar al otro, al vecino y así aprender a convivir con el agresor, eso ha sido muy complejo y creo que si no hacemos un alto y empezamos a mirar de qué manera actuamos, la situación se va a complicar aún más.

Desde su punto de vista, ¿hay otros factores que incidan en la problemática de Soacha?

Soacha tiene un fenómeno muy grande, allí están todas las ONG del país, hacen presencia pero hay ocasiones que se debe evaluar los resultados y analizar qué es lo que vienen a hacer, si es a sacar o a dejar. En ese orden de ideas pienso que hay que hacer un manejo distinto, hemos podido articular algunas actividades con el Alcalde y con el Secretario de Gobierno, pero es que es tan grande la problemática y tan compleja que yo no he podido lograr que los infractores de Soacha se queden en Soacha, sino que me toca trasladarlos a Medellín, con toda la connotación que eso tiene por el desapego a su familia.

Claro que en este momento les estamos ofreciendo a las familias que se vayan un fin de semana, que se queden y los visiten. Para ello les damos hospedaje y alimentación, y estoy trabajando para poder darles lo del transporte, pero hasta ahora no se ha podido porque es mucho dinero.

¿Y hay alguna solución a corto plazo para evitar enviar a estos jóvenes a sitios tan lejanos?

Esto se va solucionar a mediano plazo cuando tengamos el centro de atención en Girardot, que va a suplir la expectativa de Soacha, porque en el último año fueron más de 172 muchachos judicializados, no hay ninguna entidad que pueda atenderlos a todos en un solo sitio, máxime cuando no teníamos un centro al momento de iniciar la responsabilidad en Cundinamarca, cuando nos dieron la plata no los pudimos ubicar y ahora que tenemos la necesidad apremiante y hay mucha voluntad de los entes territoriales de donar los terrenos para construir, no tenemos el dinero. Afortunadamente el señor gobernador escuchó y en este momento él está trabajando y mirando la posibilidad de dejarnos otro centro de atención en Cajicá.

¿Cuántos jóvenes judicializados de Soacha hay en Medellín?

En este momento en Medellín tengo 28 en un centro especializado para menores infractores, es la misma connotación del Redentor, aquí. Ahora, uno de mis logros fue haber podido trabajar de manera articulada con los jueces porque de alguna manera sentían a Bienestar Familiar, no como un aliado, sino como un enemigo que no hacía la tarea, entonces he podido demostrar que sí la estamos haciendo, pero que no es fácil cuando no hay los recursos suficientes. Lo ideal es poder tenerlos aquí en Cundinamarca, en un sitio donde las familias puedan acompañarlos, aunque en ocasiones nos toca es ir y golpear a la familia y decirle, oiga, desde hace tres, cuatro meses no visitan a su hijo y él los necesita, es necesario que ellos se vinculen al proceso reeducativo porque si no el muchacho no va a tener la oportunidad de cambiar su rol de vida.

¿Esa cifra de jóvenes privados de la libertad se mantiene?

Esa estadística va de junio de 2013-junio de 2014, pero cada día asciende. Eso es lo que nos tiene preocupados y personalmente pienso cómo atender esa problemática porque no tenemos los recursos necesarios. Una cosa es la operación, que son más de 24 mil millones al año, que eso lo asume el ICBF, pero las infraestructuras no son nada económicas para decir que se construyen rápido, dependemos de los entes territoriales y del señor gobernador, que afortunadamente sí tiene la voluntad.

El caso de Zaragoza en Soacha, ¿está al tope o tiene capacidad para recibir más jóvenes?

No, allá no podemos atender más de 40 niños y la infraestructura como tal es de una cárcel. No tiene ninguna opción de cambiarla, el señor gobernador ha hecho algunas modificaciones y adecuaciones, pero sigue siendo la cárcel. Sin embargo el modelo pedagógico que estamos implementando es muy participativo, ya los muchachos se ven mucho más tranquilos, pero no es fácil para un adolescente verse privado de la libertad.

¿Cuándo estará listo el centro de Girardot?

Estoy convencida de que antes de agosto del año entrante, está muy cerca.

Y cuando eso suceda, ¿Zaragoza se cierra o sigue operando?

Estamos pensando en dar una conversión a Zaragoza, convertirlo como en una granja, en algo agradable, aunque la infraestructura no nos da muchas opciones, pero sí cambiar esa mirada que se tiene con otro tipo de atención.