En estos días de cábalas y apuestas por el futuro del país, después de ocho años de gobierno Uribista y cuando se vislumbra una reñida justa electoral por la presidencia de la republica entre el candidato del Partido Verde Antanas Mockus y del partido de la “U” Juan Manuel Santos, algunos columnistas de los medios de comunicación han planteado como una gran debilidad del profesor Mockus su posible falta de “gobernabilidad” si llegare a ser presidente, por no contar con las mayorías en el Congreso de la Republica. De tiempo atrás se le ha otorgado un poder significativo, en busca de la tan “afamada gobernabilidad” a las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, que finalmente se ha traducido en dádivas, clientelismo y corrupción.


Están equivocados quienes reducen la “gobernabilidad” a esta alianza o “manejo” del Congreso de la Republica, en ocasiones nefasta cuando se trata de legislar a favor de intereses propios o particulares, en contra del interés general o cuando se trata de apropiarse de los recursos públicos por parte de unos pocos cuando estos pertenecen a todos (as) las personas y deben ser orientados al bienestar general de la población.

En realidad la gobernabilidad es mucho más que eso, el Departamento Nacional de Planeación en un documento reciente la define como la “Capacidad que tiene la sociedad para construir y decidir participativa y legítimamente su propio desarrollo y bienestar gestionando con equidad, transparencia y cohesión social, en el territorio en el marco de lo público y lo democrático”.

En este sentido, los líderes del Partido Verde: Mockus, Fajardo, Peñaloza y Lucho, han dado ejemplo claro y práctico de cómo se generan capacidades en la sociedad para lograr procesos de transformación social, económica y política, es decir, han dado muestra de cómo se logra la gobernabilidad. Los procesos de cultura ciudadana, formulación de visiones estratégicas de desarrollo de Bogotá y Medellín, planes de desarrollo, planes maestros, formulación y ejecución de políticas sociales, en el marco del respeto a los derechos humanos, y presupuestos con altos niveles de participación ciudadana, así como el alto desempeño de la gestión pública y la transparencia en el manejo de lo publico, forjó en éstas ciudades modernidad, legitimación social y confianza en la institucionalidad pública.

Nuestro país no necesita más contubernios entre el ejecutivo y el legislativo para lograr mayor “gobernabilidad”, que cada uno asuma sus responsabilidades institucionales y legales. El país demanda avanzar en procesos de construcción social para legitimar las decisiones que promuevan el desarrollo con justicia social, se requiere de un trabajo articulado entre las instituciones de la sociedad civil y la institucionalidad pública para lograr sinergias y compromiso porque “juntos somos más”.

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