No cesan los abusos de la Policía de Tránsito de Cundinamarca
Sin importar las constantes denuncias, las quejas de la comunidad y si hay o no una justa causa para argumentar sus actuaciones, la Policía de Tránsito del departamento no para con su despiadada e indiscriminada persecución contra los conductores que transitan por las calles de Soacha, situación que cada día se hace más constante y se presenta en cualquier sitio del municipio.
Mientras que cada día aumenta el drama para quienes obligatoriamente necesitan cruzar por la mal llamada Autopista sur, a los policías de tránsito se les hace muy ‘cómodo’ montar operativos para cazar conductores, cuyo único propósito es recaudar la mayor cantidad de dinero posible, todo bajo la complicidad de los operadores de las grúas, los funcionarios de los patios, e incluso el concesionario de tránsito que opera en Soacha.
En esta ocasión una de las víctimas del atropello fue Gerardo Alfonso Prieto, un hombre en condición de discapacidad que se desplazaba por la Autosur en compañía de su hermano, en el taxi con el que éste último trabaja, luego de acudir a una cita médica en Bogotá. Aunque las personas se desplazaban en un vehículo de servicio público y el automotor se identificaba con una placa de Bogotá, no se estaba prestando ningún tipo de servicio, y por lo tanto tampoco se cobró por la carrera.
Sin embargo, a pesar de las explicaciones y los intentos por informar al agente (identificado con la placa número 71362) sobre cómo era la situación en realidad, nada sirvió para impedir que al conductor le retuvieran su cédula, el pase y la tarjeta de operación del taxi, con la posterior inmovilización del carro amarillo y su traslado a Patios Xua:
“Mi hermano sacrificó su día de trabajo ayer para llevarme al médico, fuimos a Bogotá, realizamos todas las diligencias, incluso acá tenemos todos los comprobantes de que efectivamente estuvimos con la Doctora. Sin embargo, al regresar a Soacha, llegando a la Autopista, pasamos por la Cll. 22, en donde había unos agentes de la Policía de Cundinamarca, uno de los cuales le pidió a mi hermano los documentos. Él se los enseñó y simplemente explicó que en ese momento su vehículo era un carro ambulancia, pero a pesar de eso ese señor no valió ningún argumento y se limitó a retenerle la cédula, el pase y la tarjeta de operación del taxi. Le dijo que fuera, me dejara en la casa, y que luego regresara, sin embargo cuando volvió, le inmovilizaron el vehículo”, explicó Prieto.
Vale la pena decir que según explicó el afectado, el uniformado que realizó la inmovilización se amparó en el no porte de la Planilla de viaje ocasional para cumplir con el procedimiento. No obstante, aunque si bien es cierto que no hay un acuerdo oficial que reglamente la eliminación de este documento, hay un compromiso entre las autoridades del municipio y el distrito que prohíbe la realización de operativos, y más la inmovilización de vehículos por esta causa, teniendo en cuenta sobre todo, que para este caso se estaba prestando un servicio social.
“El carro está en estos momentos en los patios, y por supuesto mi hermano va a tener que pagar la grúa, el parqueadero y todo lo demás. Tuve la oportunidad de hablar con el señor Personero Henry Sosa, quien me dijo que con la Resolución 002 de 2012, a mi hermano le tienen que entregar el taxi sin necesidad de pagar el comparendo, porque con lo que hicieron los agentes, están ocasionando un gran perjuicio a él y a su familia, pues la falta de un día de trabajo le puede representar a él pérdidas por más de $250.00. Adicional a eso, se supone que una persona en condición de discapacidad debe tener unos derechos especiales y la Policía debe velar por estos, entonces, ¿por qué nos atropellan de esa manera?”, agregó Gerardo.
De acuerdo a lo narrado por el Señor Prieto, existen pruebas de que él venía de cumplir una cita médica, y que su hermano no se encontraba laborando en ese momento, por lo tanto no estaba cobrando por la carrera. Otro punto es que, según manifestó, al agente se le hizo caer en cuenta de lo anterior, pues se trató de mostrar todo el material y los documentos, aunque todo fue en vano.
El caso fue conocido por el Personero de Soacha, quien aseguró que lo sucedido puede apelarse con base en lo expuesto en la resolución 002 de 2012, informando que de acuerdo a la actuación del Policía, a éste se le podría abrir una investigación disciplinaria por parte del ente competente que regula a la Policía departamental, en este caso la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, a donde precisamente fue remitido el insuceso.
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