No es cambio, es retroceso
Por: Hernán Castellanos Ramírez
Uno de los regímenes especiales que sobrevivió a la Ley 100 fue el régimen de salud y pensiones del magisterio; ya en la década del 90 FECODE tenía tanto poder que consiguió mantener para su sector un régimen especial de pensiones y salud, modelo que no ha sido un ejemplo a seguir y ha fluctuado conforme a los intereses de quienes administran los recursos y no en concordancia con las necesidades de los usuarios del sistema.
Hoy el sistema de salud de los docentes tiene el tamaño de una EPS considerada grande, tiene aproximadamente 820 mil usuarios entre afiliados, pensionados y beneficiarios; este régimen curiosamente no solo maneja salud y pensiones, sino también tiene a su cargo todo lo que corresponde a seguridad y salud en el trabajo; sobra decir que en este último punto es muy poco lo que se hace y ha habido tiempos en que los docentes han quedado sin este cubrimiento con los riesgos que esto conlleva.
El 1 de mayo fue anunciado que el régimen de salud del magisterio iba a cambiar para mejorar su atención a los docentes, pensionados y beneficiarios de dicho sistema, pero cual sería la sorpresa para todos, sobre todo para sus impulsores, cuando los docentes en las diferentes regiones comenzaron a quejarse de la precaria o nula atención con que contaban. Quienes tomaron la decisión, por orden presidencial, no tuvieron la precaución de adoptar medidas de transición para un cambio de semejante magnitud; no solo era cambiar el operador, sino el modelo de operación del régimen de salud de los docentes en todo el país.
La decisión del cambio, ya quedó claro, es ordenada por el presidente y obedecida por los ministros y lo único que buscaba era demostrar que la reforma a la salud que se hundió en el Congreso sí era viable y ejecutable en la práctica, pero resulta que se les convirtió en una papa caliente.
De un modelo de distribución regional con un operador único y diferente en cada región se pretendió pasar a uno con las mismas regiones, pero de distribución departamental con operadores por departamento y divisiones sub regionales, acudiendo a IPS privadas y públicas por todo el territorio nacional. El detalle es que anunciaron el cambio de modelo a los usuarios y al país, pero no se percataron de tener los operadores listos para prestar el servicio de salud a 820.00 afiliados, pensionados y beneficiarios que dependen de este régimen especial.
Otra muestra de improvisación y de la forma en que el discurso viaja más rápido que las acciones en el “gobierno del cambio”, que no es sino un estribillo para ilusionar incautos, lejos de convertirse en una realidad para la sociedad colombiana.
La orden era adoptar el nuevo modelo de salud en el régimen especial de los docentes, pero el gobierno se quemó en el propósito y los responsables comenzaron a expiar las culpas; el ministro de Salud culpando al gerente de la Fiduprevisora, la ministra de Educación sin dar respuesta y enredada con el trámite de su propia reforma a la educación y el nombramiento de rector en la Universidad Nacional, y Fecode callado porque también le asiste responsabilidad debido a que participa en las decisiones con dos delegados suyos en el FOMAG.
No puede ser más evidente la improvisación, a costa de la salud de los docentes de todo el país, quedando demostrado la poca claridad frente a las respuestas que requiere el sector, no solo en lo que corresponde al magisterio, sino frente a las necesidades en salud de la totalidad de los colombianos.
Mas allá de cambiar el modelo del régimen especial en salud con que cuenta el magisterio, hay que procurar hacerlo más eficiente para atender, por ejemplo, las tasas de prevalencia en enfermedades como el cáncer y la artritis, que son muy superiores a las del régimen en salud de la totalidad de los colombianos en un régimen con muchos menos usuarios y una UPC muy superior a la de la generalidad.
Sí es importante organizarlo para que el régimen de salud de los docentes tenga un sistema de información único con el que no cuenta actualmente y como comienzan a invertir realmente en el sistema de seguridad y salud en el trabajo que, hay que reconocerlo, en este sector anda absolutamente descuidado.
Hay muchas cosas por mejorar en la salud de los docentes, pero definitivamente no es intentando implementar un modelo anacrónico y sin claridad en su ejecución como se va a garantizar la atención en salud, oportuna y eficiente, para los 820 mil usuarios del sistema de salud del magisterio.
AL MARGEN. Frente al pedido de Sura EPS de retirarse del sistema de salud, el gobierno emite comunicado donde dice: “No es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud”. Declaración no pedida, confesión manifiesta.
Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp