Las organizaciones indígenas del departamento de Antioquia hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que actúen y permitan que se les garantice sus «subsistencias plenas», debido a la violencia que grupos armados ilegales ejercen en la región.

«Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, en un momento donde se requiere más que nunca garantizar condiciones para subsistencias plenas. Sería otro nuestro presente si la violencia no constituyera en Colombia el medio por el que la centralización política y la inserción en el mercado mundial se concretizan», indicaron las comunidades en un despacho de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Según la denuncia, las comunidades del Bajo Cauca y del Urabá, en Antioquia, están condenadas «a muerte» por obra de grupos armados «tanto progresistas como retardatarios» que se disputan el control de los territorios.
«(Se trata de) un estado de cosas que no estamos en capacidad de resolver desde nuestras posibilidades, que no nos compete exclusivamente y que evidencia en nuestras carnes la situación por la que estamos transcurriendo todos los colombianos», expresan en el comunicado.

Asimismo, señalan que debido a esa violencia no pueden gozar en sus territorios de los derechos que se les han reconocido constitucionalmente y que «no se materializan en ninguna parte, salvo en el papel».

Las zonas señaladas por los indígenas son objeto de explotación aurífera, narcotráfico, extracción de recursos naturales y materias primas por parte de los grupos armados ilegales, lo que «solo deja muerte, empobrecimiento para las comunidades habitantes ancestrales de estos territorios».

Según la denuncia los desplazamientos masivos, los asesinatos selectivos y los reclutamientos forzados «son una constante», y en la actualidad decenas de comunidades permanecen confinadas por presión de los grupos armados, que siembran minas antipersonal en los alrededores.

Entre 2016 y 2020 unos 624 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Onic.org