A la Fiscalía General de la Nación llegaron pruebas implacables sobre el proceder de los uniformados en contra de los jóvenes, en el marco del paro nacional.

Se avecina un juicio contra varios patrulleros de la Policía Nacional por estar implicados en el asesinato de jóvenes que participaron de las manifestaciones de septiembre del 2020 en Soacha y Bogotá.

En el caso de Anthony Gabriel Estrada Espinosa, de Soacha, Cundinamarca.

Los fiscales recolectaron las últimas pruebas que serían tenidas en cuenta en la audiencia preparatoria del juicio el próximo 22 de noviembre contra el patrullero de la Policía Óscar Alexander Márquez Rojas, por su supuesta responsabilidad en el homicidio del ciudadano venezolano Anthony Gabriel Estrada de 28 años, durante las protestas del pasado 9 de septiembre en Soacha, Cundinamarca.

Según los investigadores, las pruebas técnicas y de balística permitieron establecer que este uniformado fue quien presuntamente accionó su arma de dotación en contra de la víctima.

Los fiscales también dieron instrucciones para practicar toda una serie de órdenes de Policía Judicial, para recolectar elementos de prueba dentro de las indagaciones que se siguen por la muerte de Cristhian Andrés Hurtado y Lorwan Stiwen Mendoza, en hechos registrados en Soacha.

De manera simultánea, el 14 de septiembre el propio comandante de Distrito Especial de la Policía de Soacha, entregó al CTI 39 armas de fuego que correspondían a uniformados de esa institución, cuya devolución se efectuó hasta el 26 de enero de este año luego de someterlas a diferentes pruebas de balística.

Igualmente, se indagan las muertes violentas de los jóvenes que participaron en las manifestaciones en Bogotá.