En un documento que será presentado a las autoridades nacionales quedaron plasmadas las principales conclusiones a las que llegaron los personeros de estas tres ciudades luego de un encuentro de dos días en el municipio de Soacha.


El Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, dijo que la idea del encuentro fue analizar la situación de los derechos humanos en cada una de estas ciudades. “Hemos identificado rasgos comunes, particularidades similares en cada una, buscando diferencias y características. Lo que encontramos fue que los tres municipios sufrimos vulneraciones graves de desconocimiento de los derechos humanos y fundamentales, particularmente el derecho a la vida, la desaparición forzada que para el caso Soacha son los falsos positivos, el tema del desplazamiento forzado intraurbano, tanto expulsores como receptores, igualmente temas como violencia intrafamiliar, los derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente”, indicó.

Herrán dijo que en esta oportunidad se concentraron en ciertas temáticas de los derechos civiles y políticos como el homicidio, el desplazamiento forzado, el reclutamiento, las amenazas y aquellas conductas que de una u otra manera atentan contra la población de forma más directa, es decir en cuanto a su integridad personal. “Producimos un informe final que condensó todas las conclusiones e hizo recomendaciones que seguramente le servirán a las autoridades de cada una de las municipalidades y al mismo gobierno nacional para buscar soluciones efectivas a las situaciones de desconocimiento de los derechos humanos que en ocasiones y según las particularidades de cada municipio, se hacen más graves en ciertos aspectos o áreas”, explicó el personero de la capital antioqueña.

Por su parte el personero anfitrión, Luís Fernando Escobar, dijo que a pesar de las diferencias territoriales, culturales, étnicas, y económicas que presenta cada municipio, la labor que cumplen registra similitudes muy importantes, al tiempo que explicó que es posible establecer mecanismos de cooperación, apoyo y ayuda mutua. “Encontramos que hay una dinámica de conflicto social y armado grave en estos tres territorios, que existe presencia de actores irregulares: paramilitares, bandas emergentes del narcotráfico, delincuencia común y guerrilla, al igual que hay fenómenos como desaparición forzada, amenazas de muerte, homicidios violentos, presencia de organizaciones que realizan actividades de confinamiento, desplazamiento forzado y otros que destacan la necesidad de una política nacional en estas materias”, indicó.

Por su parte Ingrid Arroyo, personera de Buenaventura, aseguró que las sugerencias se deben encaminar al tema de protección de los derechos de la comunidad, partiendo de las diferentes problemáticas que identifican a cada uno de los tres municipios: homicidios, desapariciones, amenazas a líderes, etc . “Es necesario manifestarnos en temas relacionados al conflicto del país; en el caso de Buenaventura hay que hablar de la flagrante violación a los derechos, sustentado en todas aquellas situaciones humanitarias que nos identifican”, reveló. Así habló la funcionaria: