La Contralaría Distrital había multado a Gustavo Petro con $217 mil millones por rebajar el pasaje de Transmilenio, argumentando detrimento patrimonial.

La decisión se fue inicialmente para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ente que en primera instancia falló a favor del senador Petro y ahora esa decisión fue ratificada por el Consejo de Estado.

El alto tribunal, tras revisar el caso, ratificó la suspensión de la sanción que ya había ordenado en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el año 2017.

Puntualmente el caso que desencadenó todo este proceso judicial, surgió cuando Petro redujo la tarifa del transporte público y estableció un esquema de franjas horarias, rebajando en su momento la tarifa $50 en horas pico y $350 en horas valle, lo que influyó directamente en las proyecciones de recaudo en Transmilenio. La decisión, a pesar de que la celebraron los usuarios, llevó a la Contraloría Distrital a abrir una investigación fiscal, al considerar que la modificación de la tarifa se configuraba como un subsidio ilegal y que el exalcalde no contaba con respaldo fiscal que evitará un detrimento a la ciudad.

La Contraloría ratificó dicha hipótesis, a través de un fallo de responsabilidad fiscal emitido por el excontralor Juan Carlos Granados (hoy investigado por el escándalo de Odebrecht), pero la decisión fue demandada por el exalcalde ante la justicia administrativa, a la que le pidió suspender la multa y anular el fallo. A la petición inicial accedió inicialmente el Tribunal y ahora el Consejo de Estado.

Petro celebró la decisión y reiteró lo que dijo desde un comienzo, que dicho fallo se había emitido con fines políticos. “Es una sanción moral contra el actual disciplinador de jueces, el contralor de Odebrecht, Juan Carlos Granados, quien, con el objetivo de inhabilitarme, rompió toda normatividad y sentido de las proporciones al imponer una multa de 80 millones de dólares”.

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