Polémica por empanadas callejeras y Código de Policía, a debate en el Congreso

Dos representantes a la Cámara citarán al debate por considerar como irracionales, desproporcionadas, abusivas y arbitrarias las acciones del Distrito y la Policía, con la imposición de multas por el uso del espacio público en la ciudad.


Los congresistas Inti Asprilla (Alianza Verde) y Harry González (Liberal) proponen un debate de control político y público por la posible aplicación ilegal e irregular del Código de la Policía. Para ellos se están vulnerando los derechos de los vendedores informales y de los ciudadanos, que adquieren productos en la calle. El origen de la propuesta tienen que ver con el operativo en el que se le impuso una multa de $834.000 a un joven, que compró una empanada en un puesto ambulante de Bogotá.

Respecto a este caso, expresaron los políticos que el Código de la Policía se aplicó de manera irracional, desproporcionada e ilegal, no solo para quienes compraron el producto, sino también para el vendedor, quien también fue sancionado. Además, catalogaron como abusivas y arbitrarias las actuaciones de la administración.

En el documento presentado al Congreso de la República, los representantes a la Cámara por Bogotá y Caquetá señalan que la jurisprudencia de la Corte Constitucional protege los derechos de los vendedores informales y por ello, los desalojos, medidas administrativas y policivas dirigidas a recuperar el espacio público, deben estar sometidas a un debido proceso, que contemple diversos factores.

Entre ellos, entra «el trato digno a quienes se ven afectados con la recuperación del espacio, como los vendedores; una previa evaluación social y económica de los efectos que generan en esta población; y el ofrecimiento de alternativas que les permitan transitar hacia otras actividades económicas».

Por estas consideraciones, citaron a debate al ministro de Defensa, Guillermo Botero, al director general de la Policía, mayor general Óscar Atehortúa, al comandante de la Policía de Bogotá Hoover Alfredo Penilla y al procurador Fernando Carrillo, con el fin de establecer la posición oficial del Gobierno Nacional sobre la aplicación del Código de la Policía y constatar la manera en la que ha procedido el Distrito y las autoridades en la imposición de comparendos a los ciudadanos.

Fuente: El espectador

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