Por irregularidades en contratos, Procuraduría investiga a dos funcionarios de Cundinamarca

Posted on 17 de noviembre de 201917 de noviembre de 2019 by Periodismo Público

La Procuraduría General de la Nación abrió procesos de investigación contra dos funcionarios de los municipios de El Colegio y La Cabrera por irregularidades en una contratación y por extralimitación en sus funciones. |

Por un lado, investigan a Heber Medina, expersonero del municipio Mesitas del Colegio (Cundinamarca), quien fue suspendido porque habría utilizado su cargo para intervenir en trámites que no estaban dentro de sus funciones.

Las autoridades indagan si el exfuncionario y un abogado de la Personería participaron en la firma irregular de un contrato de compraventa de un inmueble, ubicado en el Anapoima, que se adelantó en la notaría municipal de El Colegio.

Aparentemente, Medina pretendía habría engañado a una mujer que lo buscó para pedirle ayuda en un trámite de su vivienda. Él le habría pedido la cédula y firmar un documento para adelantar el trámite. Lo que el personero le omitió a la señora fue que en el papel ella autorizaría una promesa de compraventa de una de sus propiedades. La irregularidad la descubrió la notaria de Mesitas y al parecer ese no sería el único caso.

omo parte de la investigación, el ente, con el fin de establecer si
hubo faltas disciplinarias, informó que solicitará a un funcionario de
la notaría de El Colegio una copia de una llamada entre las partes implicadas y videos, que permitan esclarecer qué pasó en la Notaría del municipio, el 9 de octubre de 2019, cuando se dio la cita.

En el municipio la Cabrera, el el pasado 13 de noviembre, la Procuraduría formuló pliego de cargos a la secretaria de Gobierno, Yira Suárez, por presuntas irregularidades en la contratación de la psicóloga de la comisaría de familia del municipio.

El ente investiga si Suárez empleó a la funcionaria sin contrato escrito y firmado. Los hechos se habrían presentado en marzo de 2016. Por ahora se busca aclarar si la secretaria vulneró los principios de economía, responsabilidad y transparencia, que rigen la contratación estatal.