La suspensión total de servicios de forma inmediata fue la medida de prevención interpuesta por funcionarias de la Secretaría de Salud de Soacha, luego de una inspección sanitaria que duró cerca de 3 horas en los juzgados que funcionan al lado del estadio municipal, y que dio un concepto desfavorable sobre la condición sanitaria de los mismos.


Luego de una serie de quejas manifestadas por jueces de la entidad pública, tras sufrir la presencia de malos olores, así como de padecer algunos problemas intestinales y respiratorios, la Secretaría de Salud del municipio de Soacha optó por ordenar la suspensión total de servicios hasta que se establezcan mejores condiciones de higiene dentro de la institución, luego de encontrar residuos de palomas, larvas y moscas dentro de los tanques que vierten de agua potable a los funcionarios de los Juzgados.

Las funcionarias Emilce Hernández y Heidy Cantor, de la Secretaría de Salud, fueron las encargadas de dar a conocer al arrendador del inmueble, Miguel Ángel Amaya, las medidas que deben adoptar los juzgados para el restablecimiento de sus servicios, las cuales fueron condensadas a través del acta 0291 y con la cual se fundamenta los requisitos a cumplir, desde la identificación del agua como líquido vital.

Tales medidas además de plantear la mejora del almacenamiento de agua como la más importante y la fumigación contra plagas, se originaron a partir de lo estipulado en la Ley 9 de 1979, destacando las siguientes consideraciones: Mantenimiento a celdas, baños, cuartos de archivo, entre otros; plan escrito de limpieza y protección; carencia de área para residuos sólidos; canecas para la basura con tapa y por colores; programa escrito de control de plagas y área de primeros auxilios, entre otros aspectos.

Dichas deficiencias deben ser remediadas en un término de 15 a 20 días, que se cumplirá con el tiempo otorgado por la entidad de salud, la cual hará una nueva inspección. En dado caso que los juzgados no cuenten con las medidas necesarias, se procederá a una clausura total de la institución.

La lectura de la diligencia administrativa contó con el rechazo por parte del arrendador, quien solicitó la no suspensión total de las actividades, sino parcial, lo cual carecía de relevancia alguna, pues como fue dado a conocer, el informe técnico no posee un carácter cuestionable, por lo tanto sus medidas son de cumplimento explícito. A su vez, el encuentro fue apoyado por el Abogado de la Secretaría de Salud, José Ernesto Morales y la Procuradora Penal, Rosa Aldana, quien manifestó la necesidad de enviar los resultados de tal inspección a las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP) de los trabajadores, ante el peligro existente para éstas y el Coordinador de Jueces de Juzgado de Soacha, Ramón García, quien se comprometió a enviar copia de forma inmediata de las medidas planteadas como necesarias, al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Administración Judicial.

Como soluciones a dicha problemática, el arrendador espera reunirse con representantes del Consejo Superior de la Judicatura para definir a quién le corresponde asumir cada una de las responsabilidades establecidas en el informe. A nivel judicial, los procesos que venían siendo desarrollados en esta entidad, serán llevados y manejados de forma provisional en el edificio del centro de reclusión para menores y adolescentes, ubicado en una de las esquinas del parque principal, hasta que pueda volverse a laborar en la sede actual.

Esta medida se adopta luego de un proceso iniciado hace más de un año por parte de la Secretaría de Salud y culmina con las quejas más recientes que les fueron otorgadas a través de fotografías, después de que de forma fortuita un funcionario se dispusiera a lavar los tanques de agua potable y terminara por observar dentro de uno de estos, una paloma en estado de descomposición.

Por: Viviana Borja