Procuraduría cita a conciliación a policías y agredidos de Soacha durante paro agrario

La Procuraduría General de la Nación citó a una audiencia de conciliación a la Policía Nacional y a diez ciudadanos del municipio de Soacha que argumentan fueron agredidos por los uniformados durante el paro campesino realizado en los meses de agosto y septiembre de 2013.


El ente de control y vigilancia de la función pública dijo que la audiencia está relacionada con las posibles detenciones arbitrarias y torturas que supuestamente habrían cometido los uniformados a 10 jóvenes en el municipio de Soacha.

El paro agrario hizo presencia en Soacha, no sólo con los campesinos de los dos corregimientos, sino que también tuvo el respaldo de la sociedad civil, especialmente grupos de jóvenes que organizaron manifestaciones y cacerolazos como forma de apoyar la causa de los habitantes del sector rural.

Durante las protestas varios jóvenes fueron detenidos, motivo por el cual los agredidos entablaron demandas contra los uniformados, alegando que los policías cometieron irregularidades en su contra.

El mismo Procurador Alejandro Ordoñez se manifestó frente al tema y lo que inicialmente se va a realizar es una audiencia de conciliación entre los supuestos agresores y agredidos.

El pasado 17 de agosto se supo que fue radicada una demanda en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por las torturas y privaciones ilegales a un grupo de personas durante las manifestaciones del Paro Agrario de 2013.

En la acción judicial se citan 10 casos en donde los jóvenes de Soacha y un estudiante universitario fueron atacados de manera injustificada, así como otras situaciones en las cuales fueron víctimas de detención arbitraria e injusta, así como el escarnio público del que fueron víctimas tras la publicación del denominado ´cartel de los vándalos’.

Así mismo se le pide a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “la implementación de un programa permanente de capacitación a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sobre estándares internacionales sobre el control de las manifestaciones y los límites del uso de la fuerza.

Además se pide que la Presidencia de la República expida una directiva “en la cual se establezca la claridad de los límites del uso de la fuerza de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones”, así como la restricción de métodos de control que afectan la salud e integridad física o personal.

“Se abstengan las autoridades de Policía hacer uso de imágenes e información personal de ciudadanos que ejerzan el derecho a reunión y manifestación sin que exista previa orden judicial”, esto haciendo referencia a la publicación del “cartel de los vándalos” cuya divulgación fue prohibida por los jueces de la República.

En el caso de la Fiscalía General se pide revisar los procedimientos y manuales de funciones de los fiscales “para erradicar de los procedimientos penales y de policía toda forma de aceptación, tolerancia y uso de tratos crueles y actos de tortura”. Además de reconocer los daños morales que sufrieron estas personas en el marco de las manifestaciones.

Se pide la reparación económica debido a los graves daños morales y materiales que sufrieron estas personas y sus familias. En la solicitud se pide una audiencia de conciliación con los representantes de las partes demandadas.

Ahora la Procuraduría cita a audiencia d conciliación, en donde también se tratará el tema de la violación de los derechos fundamentales con la publicación del cartel de los vándalos, por parte de las autoridades.

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