Metro de Bogotá estaría en riesgo, abren investigación a vicepresidente de la ANI por presuntas irregularidades en contrato con la SCI
El Metro de Bogotá estaría en riesgo, al igual que otros proyectos férreos que desarrollaría la ANI en Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y departamentos del norte.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una investigación contra el vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos.
La PGN también abrió investigación a los gerentes de Proyectos de la ANI, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.
El Ministerio Público busca establecer si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regiotram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
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Para la Procuraduría, se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, podría exceder las competencias de la ANI.
“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisó el Ministerio Público.
Además, se investiga si los funcionarios de la ANI pudieron haber infringido la Ley de Contratación al asignar directamente la ejecución de los trabajos a la SCI, sin haber convocado un concurso de méritos.
La falta de planeación también está bajo escrutinio, ya que aparentemente no se realizó un análisis profundo para justificar el valor del contrato y no se explica adecuadamente la razón por la cual se acordó una suma de 1.871 millones de pesos por concepto de administración, un monto considerado inusual para este tipo de contratos y dejado al criterio del contratista, según el Ministerio Público.
Foto: Metro de Bogotá
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