Recursos para la seguridad de Transmilenio se los gastaron en anchetas para la Policía

La Contraloría de Bogotá aseguró que el hallazgo fiscal fue por $1.787 millones y que los recursos para la seguridad de Transmilenio se los gastaron en anchetas para la Policía.

Pero no solo en Transmilenio se detectaron posibles irregularidades en el gasto de los recursos públicos.  Los hallazgos fiscales son por $9.228 millones en el sector movilidad.

Hallazgos fiscales por $9.228 millones en el sector movilidad configuró la Contraloría de Bogotá, producto de auditorías realizadas, particularmente, en la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TransMilenio.

El 55.3% del valor total de los hallazgos, es decir $5.106 millones, se registró en la Secretaría de Movilidad por falta de gestión de cobro de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021) que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión de cobro.

El ente de control, entre otros hechos, encontró lo siguiente:

  • El 6% de los comparendos analizados (11.929 comparendos) no corresponden a la infracción establecida.
  • -El 40% de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago.
  • -El 8% de los documentos no corresponden al infractor.

En el IDU se configuraron tres hallazgos fiscales por más de $2.335 millones, principalmente por:

  • -Incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para Avenida Guayacanes (Suroccidente de Bogotá). Este hallazgo corresponde al contrato de consultoría IDU-926-2017. Las obras aún están en ejecución.
  • -Haber presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en su tramo uno.

En TransMilenio el hallazgo fiscal por $1.787 millones fue configurado tras documentarse que los recursos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema.

Todos estos hallazgos fiscales en el Sector Movilidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a fin de que se adelanten las indagaciones del caso, de tal manera que se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito.

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