San Carlos, inmerso en la oscuridad de los problemas

Las disputas por la administración y las deudas en la urbanización San Carlos han desatado una serie de problemas que afectan a diario a la comunidad del conjunto residencial. Entre estos, la mayor preocupación es la suspensión del servicio de alumbrado público en su interior, situación que ha provocado mayor polémica entre los residentes por el manejo del conjunto y la situación legal de este.


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En primer lugar, la discusión sobre la identidad del conjunto ha sido un tema que se ha manejado desde hace ya 11 años, con la entrada en vigencia de la Ley 675 “por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”. La disputa consiste en un desacuerdo entre quienes aseguran que San Carlos está constituido como conjunto residencial cerrado con sus respectivas zonas comunes, y algunos opositores quienes alegan que San Carlos es una urbanización con una vía pública encerrada ilegalmente.

El administrador de conjunto residencial, Libardo Ramos, fue claro al asegurar que San Carlos es un conjunto cerrado y que por lo tanto las vías no son públicas:

“No hay ninguna vía pública en el conjunto residencial porque cuando la constructora San Carlos y el Banco Central Hipotecario le entregaron a la comunidad el conjunto en 1983, nos lo dieron encerrado con alambre de púas y unas latas. Además, en los estudios de planeación, de la Dirección de apoyo a la justicia y de la secretaría de gobierno se determina; si en el plano de permisos de las licencias dice por algún lado que es un área pública, con mucho gusto hablamos. Pero no dice nada, entonces esto es privado.”

Por el contrario, Javier Echeverry, uno de los propietarios residentes en San Carlos y opositor a la administración del conjunto, establece:

“En nuestras escrituras figura que San Carlos es una urbanización, en ninguna parte menciona que es conjunto cerrado y aparte de eso no hay ningún acto administrativo o resolución alguna que así lo determine.”

Gabriel Torres, residente hace 20 años y opositor al cerramiento, explica que la empresa de acueducto reconoció que dentro del conjunto hay una vía pública por donde pasa una tubería de agua de 8 pulgadas.

Pero respecto al cerramiento, el municipio tampoco es claro para determinar quién tiene la razón. El secretario de gobierno, Óscar Rodríguez, se refirió así a la categoría actual de San Carlos y su reciente situación legal:

“El conjunto residencial San Carlos es propiedad horizontal, está inscrita ante la Dirección de Apoyo a la Justicia como propiedad horizontal, con su reglamento de copropiedad y tiene un administrador reconocido. Su situación legal es que pertenece a una copropiedad con personería jurídica y representante legal. Tiene sus reglamentos de copropiedad enmarcados primero en la ley 182 y posteriormente en la ley 675 del 2001.”

Pero el problema de identidad del conjunto San Carlos se origina por varios aspectos:

1. En primera instancia, cuando se entregó el conjunto en 1983 por el Banco Central Hipotecario y la constructora San Carlos, como viviendas de interés social, en las escrituras aparece una copropiedad con el nombre de conjunto residencial San Carlos; en esta escritura no se menciona si es conjunto abierto o cerrado. Prueba de ello es la escritura 847 de mayor extensión y reglamento 1.590 del año 1983 registrada en la notaria 23.

2. Otra de las razones es el encerramiento que se estableció en 1995 con el muro que tuvo como objetivo evitar la inseguridad y el tránsito y estacionamiento de cualquier vehículo. Este proceso se llevó a cabo con el apoyo del entonces alcalde Fernando Ramírez; una parte del presupuesto lo aportó el municipio y otra salió de la comunidad. No obstante, en aquella ocasión no se realizo el trámite de una licencia de construcción tal y como ahora lo exige la ley 675, pues en aquel tiempo al conjunto lo regia la ley 182 de 1948.

3. El sometimiento al régimen de propiedad horizontal de la ley 675, la cual plantea que los conjuntos que ya venían amparados por otros regímenes de propiedad horizontal quedarán regidos por la nueva ley, lo cual ocasionó la necesidad de inscribir nuevamente la persona jurídica, ‘copropiedad conjunto residencial San Carlos’ ante la Dirección de apoyo a la justicia en octubre del 2008, pero esta vez bajo el nombre de Asociación Conjunto residencial San Carlos. Aun así, la primera persona jurídica aparece como inscrita en la oficina de instrumentos públicos.

Esto ha ocasionado que en las nuevas escrituras aparezca la persona jurídica como conjunto cerrado, tal y como lo indica Miriam Velásquez, residente de la urbanización desde hace cuatro meses:

“Hay gente que dice que esto no es legal y que San Carlos no es conjunto cerrado, pero en mi escritura sí aparece como conjunto residencial; yo les digo, bueno, “y entonces a mí por qué me vendieron como conjunto residencial?”

A esto se suma la aplicación del decreto 2424 de 2006, ‘por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público’, que en el Parágrafo del artículo 2 estipula: “La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal”.

Sin embargo, algunas personas han utilizado los anteriores argumentos en contra del Consejo de administración del conjunto para evitar el pago de la cuota mensual de 17 mil pesos, que se destinaría a pagarle a Codensa el alumbrado público y a cancelar otros servicios como el de aseo y vigilancia, mantenimiento de zonas comunes, etc.

“Duré 10 meses pagando la luz bien, pero vino el problema con los señores opositores que son los que no quieren a San Carlos. Ellos insisten en que se tumbe, que se acabe el cerramiento; son propietarios y fuera de eso cada uno tiene una deuda de casi 3 millones de pesos desde hace años”, declaró Libardo Ramos, administrador del conjunto San Carlos.

En este sentido, cada vez son más los problemas administrativos por las deudas, lo que ha ocasionado otra serie de inconvenientes como la presente suspensión del alumbrado público, la inseguridad, los accidentes vehiculares, el problema de aseo y la vigilancia, entre otros.

Periodismo Público mostrará a fondo el desarrollo de estas problemáticas en un próximo informe; además se profundizará en el tema del cerramiento, las disputas y la polémica entre la administración del conjunto y los opositores, frente al manejo de la urbanización y el alumbrado público.