Este jueves 15 de abril, la plenaria de la Cámara de Representantes debatió el proyecto de ley que pretende modificar las causales de divorcio en el país, proponiendo que la separación pudiera darse cuando solo una de las partes así lo quisiera. Sin embargo, la propuesta se hundió y quedó archivada con 78 votos en contra y 70 a favor.

El proyecto de ley para el ‘divorcio libre’, como lo definen sus defensores, estaba encabezado por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien lamentó que la plenaria votara en contra de la propuesta. “Lamentamos profundamente que en la Cámara de Representantes no se haya dura discusión a fondo de mi proyecto de ley que buscaba el divorcio libre en Colombia y que en cualquier momento uno de los cónyuges de manera unilateral pudiese divorciarse. Hay que dar las discusiones al interior del Congreso de la República y más cuando en términos de libertades individuales se trata”, señaló.

De la misma forma, el representante Juan Fernando Reyes Kuri, otro de los ponentes del proyecto, aseguró que el Congreso sigue negando garantías a las decisiones individuales de los colombianos, “así como no se puede obligar a una persona a casarse, tampoco se le puede obligar a seguir en un matrimonio en contra de su voluntad. Desafortunadamente, aún en Colombia hay quienes insisten en que los proyectos en pro de las libertades individuales son una persecución religiosa”.

Por otro lado, fue un grupo de representantes liderado por el partido Colombia Justa Libres, quienes plantearon que el proyecto de ley se archivara ya que consideraban que la propuesta desvirtuaba la naturaleza del matrimonio.

¿Qué proponía el proyecto de ley de divorcio libre?

La ponencia de Miranda plantea que cualquier colombiano, dentro de su individualidad, puede pedir el divorcio o la cesación de efectos civiles de un matrimonio religioso de manera libre y autónoma. Si esto se aprobara, la persona se ahorraría el largo y engorroso proceso de demandar a la otra parte, alegando una de las nueve causales por las que actualmente se puede solicitar el divorcio.

“Hace falta que quienes quieran divorciarse de su pareja no tengan que acudir a un juez a demostrar, por ejemplo, que le fueron infiel. Requerimos de un aparato judicial que se ocupe únicamente de lo importante como los efectos de la disolución del matrimonio con relación a los hijos, los bienes, entre otros elementos”, explicó la representante verde a El Espectador.

Las nueve causales que el régimen actual permite, según el artículo 154 del Código Civil, son:

1) Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.

2) El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.

3) Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.

4) La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.

5) El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.

6) Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.

7) Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.

8) La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.

9) El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.

El representante Kuri aseguró que el proyecto planteaba terminar con dichas causales, ya que las personas “no tendrán que darle explicaciones al juez de las razones por las que se quiere divorciar”, y agregó que en ningún momento la propuesta promueve los divorcios.

Además, el proyecto de ley archivado también planteaba que dentro del convenio regulador se acuerden las obligaciones alimentarias, las cuales recaerían sobre el cónyuge que tenga mejores capacidades económicas. Actualmente, el ‘culpable’ del divorcio es el que debe asumir dicha cuota, pero con esta propuesta se planteaba que se tenga en cuenta quién tiene mejores condiciones económicas, esto independientemente de si en la relación hay hijos o no.

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