Se revive caso del procurador delegado que fue contratista en Soacha

El Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, quien rápidamente quiere decidir sobre la investigación de participación en política del alcalde  de Santa Marta Rafael Martínez,  fue cuestionado por hechos de corrupción al celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, uno de ellos en Soacha.

Calderón España investiga disciplinariamente al alcalde de Santa Marta tras unas denuncias sobre una presunta participación en política, cuando el burgomaestre inauguró el estadio de béisbol en el año 2017 y a cuyo evento asistió Carlos Caicedo.

Los hechos por los cuales fue cuestionado el procurador

Aunque por tiempos procesales, el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, no recibió condena, los jueces de primera y segunda instancia confirmaron la realización del delito, lo que deja un manto de dudas sobre sus actuaciones.

Calderón España, abogado huilense, nombrado en el cargo en mayo de 2018, al parecer es cuota política del senador atlanticense Eduardo Pulgar, quien tiene sus intereses en la ESE Distrital de Santa Marta desde hace rato.

Pulgar recientemente fue visto en el despacho de la alcaldía de Santa Marta, cuando Andrés Rúgeles fungía como alcalde (e) ante la suspensión del titular Rafael Martínez, tal vez “cocinando” esta nueva estrategia para impedir que el burgomaestre elegido por más de 93 mil samarios termine su mandato.

Pulgar es muy cercano al exconcejal Iván Saravia, esposo de la exprocuradora Ana María Muelle, quien curiosamente inició el proceso disciplinario por hechos parecidos, que terminaron con la suspensión por unos meses del alcalde de Santa Marta, en el año 2017.

Los hechos ocurridos en el proceso penal mencionado y su amistad con Pulgar, prendieron las alarmas entre los  simpatizantes, quienes consideran que el procurador está “haciendo un mandado” a los clanes políticos y familiares del Magdalena, los cuales intentan impedir a toda costa la continuidad de ese gobierno ciudadano.

Los hechos judiciales que dejan mal parado al procurador

El 4 de octubre de 1999, fue denunciado Wilson Darío Cabra Cruz, quien por esa época ostentaba el cargo de alcalde del municipio de Soacha, con base en las irregularidades halladas por la Contraloría de esa localidad, en los contratos celebrados por la administración con el objeto de elaborar e instalar señales de tránsito.

Los referidos convenios fueron de obra, los cuales presentaron diversas irregularidades en cuanto a incumplimiento, fraccionamiento para evitar el proceso licitatorio, no se aportaron estudios previos y dificultades de calidad y estabilidad de las señales para el desarrollo vial.

En ese proceso fue vinculado Germán Calderón España, contratista de la época en la alcaldía de Soacha.

El 22 de septiembre de 2003, el Fiscal Primero de Cundinamarca, dictó resolución de acusación contra Wilson Darío Cabra Cruz, Germán Calderón España, Darío Cesar Augusto Molano Franco y Rubén Darío Pineda Barragán, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; así mismo, les precluyó la instrucción por el punible de peculado por apropiación.

El 25 de enero de 2005, la Fiscalía Delegada, confirmó la imputación por el primer delito contra los inculpados; en el mismo proveído, revocó parcialmente el numeral segundo, para en su lugar, también elevarles cargos por el punible de peculado por apropiación a Wilson Darío Cabra Cruz, Germán Calderón España y Rubén Darío Pineda Barragán, en virtud del recurso de apelación formulado por la Procuradora judicial y los defensores de Cabra, Calderón y Pineda.

El 12 de julio de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha, resolvió primero, condenar a Germán Calderón España por el injusto de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a la pena de 48 meses de prisión y multa de 10 smlmv, en calidad de autor.

El 28 de agosto de 2009 confirmó la decisión, para que posteriormente la Corte Suprema de Justicia por vencimiento de los términos procesales absolviera al funcionario.

¿Por qué el procurador estaría impedido para decidir?

Pese a que fue advertido por los abogados defensores de Rafael Martínez, David Roa Salguero y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, de existir un posible impedimento que atentaría contra el debido proceso tras existir dudas sobre la imparcialidad objetiva del juzgador, bajo los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los siguientes hechos:

El procurador presentó denuncia disciplinaria contra el abogado defensor Roal Salguero, por unas recusaciones en un proceso en el departamento del Cesar.

El abogado Gómez Pavajeau habría denunciado que a clientes suyos, en un proceso en el mismo departamento del Cesar, los llamaron de forma intimidante desde el despacho del Procurador Germán Calderón España, pidiéndoles que excluyeran del proceso al abogado Gómez Pavajeau, a cambio de favorecerlos en la sentencia, situación que fue informada y se encuentra en investigación.

Lo más triste y grave es que la aleve situación antiprocesal se presenta, mientras el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, se encuentra disfrutando de sus vacaciones.

Tomado de las2orillas.co

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