Soacha no debe asumir la alimentación de Transmilenio (segunda parte)

Posted on 4 de julio de 2018 by Periodismo Público

Luego de la primera entrega, publicada ayer por este medio, el expersonero Henry Sosa hoy se refiere al convenio interadministrativo con Bogotá, a los verdaderos costos del proyecto y al fallo donde supuestamente se obliga a Soacha a prestar el servicio de alimentación. Además habla de una cuarta fase de Transmilenio en el municipio.

Segunda entrega

Las fases del sistema :

Fase I: Inicia en el límite del Distrito Capital hasta la calle 22, tiene una longitud de 3,6 km e incluye la construcción de cuatro estaciones de parada, una de las cuales opera como estación terminal intermedia con adecuación de plataformas exclusivas para servicios alimentadores. Adicionalmente, se construyó al final del tramo un retorno operacional para que los buses articulados puedan retornar hacia Bogotá.

Fase II: Se extiende desde la calle 22 hasta el sector conocido como “El Altico” en una longitud de 1,3 km; en este tramo se construirán dos estaciones de parada sencillas y una estación terminal o portal.

Fase III: Comprende el corredor desde la estación terminal o portal hasta el sitio en donde se ubicará el patio, con una longitud de 600 metros aproximadamente.

Fase IV: No contemplada en el proyecto inicial, pero por solicitud del municipio de Soacha en el año 2010, se evaluó la posibilidad de extender el proyecto en una longitud de 1,4 km hasta el sector conocido como “El Vínculo”, lugar en donde existe un plan de desarrollo urbanístico que incluye la construcción de vivienda, industria y comercio. Esta extensión del proyecto requiere la construcción de dos estaciones sencillas adicionales y la vinculación del sector privado como gestor y constructor del nuevo patio portal ubicado en dicha zona. Esta etapa debía presentarse a más tardar el 30 de junio de 2011, ya que si para dicha fecha no se contaba con la estructuración y el inversionista (privado), el proyecto se desarrollará tal como se indicó en las Fase II y III originales.

Transporte Intermunicipal corredor Soacha – Bogotá

A raíz de las protestas que se generaron en el año 2000 luego de que el Distrito prohibió el ingreso de los vehículos intermunicipales a su territorio, en un acto unilateral e irresponsable que tuvo unos costos inmensos para la ciudad, la intervención del Gobierno Nacional y Departamental logró solucionar este impase con la suscripción del Convenio Interadministrativo de Cooperación para la Regulación del Transporte Público dentro del Corredor Bogotá-Soacha, suscrito en 1999 entre el Ministerio de Transporte, la Alcaldía Distrital de Bogotá, la Alcaldía Municipal de Soacha y la Gobernación de Cundinamarca.

El convenio permite el ingreso de vehículos de transporte de pasajeros, tanto urbano como intermunicipal al Distrito Capital, pero ha servido también para que se impongan por parte del Distrito y del Ministerio de Transporte una serie de limitaciones no solo en la reposición de vehículos (de ahí que la flota con que cuenta el municipio hoy es obsoleta y de mala calidad), sino también en la modificación y eliminación de las rutas que existían en el año 2000, sumado al incremento de la piratería y de los vehículos que inicialmente fueron reportados al convenio por la falta de controles de las mismas autoridades, con el beneplácito de las empresas operadoras que permitieron el ingreso de nuevos vehículos, llevando a que se triplicará el número de los mismos y que se hiciera casi imposible sostener el inventario inicial, situación que ha sido una de las talanqueras para efectos de poder hacer la chatarrización y las posibles indemnizaciones a sus propietarios.

Costos del proyecto

El costo estimado de inversión del proyecto previsto en el Documento CONPES 3185 de 2002, era de $48.000 millones en sus tres fases, no obstante para el año 2009 ya se habían convertido en $70.587 millones, utilizando el corredor férreo. Para el mismo proyecto, pero por la Autopista Sur, el costo estimado era entre $62.191 y $73.920 millones en 2002 ($91.455 y $108.703 millones en pesos de 2009). Posteriormente, mediante el Documento CONPES 3404, se adoptó el corredor de la Autopista Sur como el más adecuado para extender la Troncal NQS al municipio de Soacha. En dicho Documento, la inversión que se calculó ascendía a $194.124 millones de pesos constantes de 2005 ($242.343 millones pesos de 2009), de los cuales el 48.8% correspondía a inversión pública y el 51.2% a inversión privada. Para el año 2011 el costo de la primera fase ascendió a cerca 500 mil millones y sin calcular las fases 2 y 3; hoy el proyecto se estima que superará más de 900 mil millones de pesos, y eso previendo que se concluya dentro de los términos fijados, es decir antes del año 2022.

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Acción popular

Ante todas estas situaciones, que en últimas afectan al usuario, la Personería de Soacha en cabeza de Henry Sosa Molina, en el año 2014 decidió presentar una Acción Popular por considerar que se vulneraban derechos colectivos, entre ellos el acceso al servicio público de transporte y a que su prestación fuera eficiente y oportuna; para ello se contó con el apoyo de más de 11 usuarios del sistema que con su firma respaldaron esta iniciativa legal.

Fue así como finalmente el día 24 de mayo de 2018, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección A, en segunda instancia amparó los derechos colectivos de acceso al servicio público de transporte y a que su prestación sea eficiente y oportuna entre otras determinaciones.

Aunque el fallo trató de ser satanizado por algunas personas, indicando que era una decisión contra el municipio de Soacha, el expersonero Sosa considera que no es cierto por las razones que a continuación señala:

“1.- No es cierto que se obligue al municipio a asumir la totalidad de la alimentación y de los subsidios, ya que el numeral 4 del artículo primero señala: “…Defina el sistema de subsidios y beneficios para el municipio de Soacha; para ello deberá tener en cuenta cada una de las obligaciones y recomendaciones del informe técnico… así como la normatividad aplicable en materia de apoyo, además de las previsiones contenidas en el documento CONPES…”. Obsérvese que allí lo que indica es que se debe definir esta situación, pero también contar con el apoyo de Nación, Departamento, Distrito y hasta de la misma empresa Transmilenio, ya que las obligaciones contenidas en el CONPES comprometen a cada una de estas entidades.

2.- Ordena la reorganización de las rutas de transporte público colectivo, situación que deberá hacerse con urgencia, pues por la falta de esta reorganización hoy muchos sectores del municipio no cuentan con transporte público y esa actividad la prestan vehículos “piratas” que cobran las tarifas a su acomodo y juegan con la necesidad de los usuarios.

3.- Habla también de la chatarrización que tanto le hace falta a Soacha para solucionar de una vez por todas la cantidad de vehículos que superan su vida útil y que hoy son obsoletos y no solo generan contaminación, sino la prestación de un servicio sin condiciones adecuadas; a este respecto deberán las empresas ayudar con el fondo de reposición que la Ley 688 de 2001, que en el parágrafo primero del artículo 1 señala: “…PARÁGRAFO. El Fondo estará conformado por los aportes, que a través de las empresas de transporte o en forma individual, haga cada uno de los propietarios de los vehículos de transporte público colectivo terrestre de pasajeros con radio de acción metropolitana y/o urbana…”.

4.- Pero además de lo anterior, ordena crear un Comité de Verificación integrado por el Juez de Primera Instancia, el Viceministro de Transporte, el secretario de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca, el Secretario de Movilidad del Distrito, el gerente General de Transmilenio y el Alcalde de Soacha. Esta comisión va a permitir que por fin se de solución de fondo a muchos de los problemas que hoy tenemos en materia de transporte, pues por muchos años la autoridad nacional se ha desatendido del asunto, al igual que la distrital, la departamental y la municipal; ésta última muchas veces impotente ante la autoridad y las condiciones impuestas por las demás. En este ir y venir el usuario es quien en últimas tiene que padecer, no solo los sobrecostos de las obras, sino la tramitología y la mala prestación del servicio público que hoy requiere una de las principales ciudades del país”.

Finalmente, dice el expersonero, que ante toda esta complejidad que ha tenido el proyecto, “sería bueno ir pensando en que Soacha tenga una ruta del Metro que hoy proyecta el Distrito Capital y que podría ir desde Compartir hasta conectar con el Distrito en la Avenida Primera de Mayo.

Ver primera entrega: https://periodismopublico.com/Soacha-no-debe-asumir-la-alimentacion-de-Transmilenio