Sobre las 5:00 p.m. del miércoles fue suspendida la audiencia y se aplazó para el jueves 18 de febrero.

Comenzó el juicio contra los tres uniformados señalados de ser los responsables de la muerte de ocho personas en el CAI San Mateo, en Soacha, el pasado 4 de septiembre.

En la audiencia, la Procuraduría reafirmó la responsabilidad de los uniformados y señaló que los hechos pudieron ser evitados. No obstante, la defensa anunció que en la próxima audiencia interpondrá un recurso de nulidad, lo que implicaría retroceder en el proceso.   

El juicio disciplinario es adelantado por la Procuraduría en contra de tres patrulleros que fueron involucrados en el incendio que se presentó el pasado 4 de septiembre en el CAI San Mateo, en Soacha, y en el que murieron ocho detenidos y tres más resultaron heridos.

Videos y testimonios presentados durante la audiencia darían cuenta que el patrullero custodio, quien fue llamado por la Procuraduría, vio cuando inició el fuego y no actuó, así mismo se dieron a conocer relatos de los detenidos que resultaron heridos y quienes indican que uno de los policías les dijo “pues quémense”, mientras movía unas llaves frente a ellos.

También salió a relucir que solo había un extintor en el CAI y que tanto el comandante como la subcomandante de la estación habrían podido evitar los hechos, dado que solo les bastaba con dar “la orden de abrir la celda tan pronto como fue informado del incendio, e incluso para que la cumpliera en condiciones tales que se pudiera evitar la fuga”, pero no pasó.

La Procuraduría relató que las evidencias demuestran que quien terminó abriendo la celda fue un patrullero que salió a atender una queja ciudadana y que se devolvió a la estación al enterarse del incendio. Él tardó cinco minutos en evacuar a los detenidos del CAI.

No obstante, el abogado del patrullero custodio investigado, Jairo Bulla, solicitó al procurador la nulidad del proceso al considerar que no se ha seguido el debido proceso, los acusados no fueron notificados durante la investigación y habría irregularidades como la falta de una línea del tiempo de lo ocurrido el 4 de septiembre, lo que demostraría que aún faltan investigaciones por hacer.

Por la solicitud hecha por los abogados defensores de los uniformados, el procurador encargado suspendió la audiencia hasta el próximo 18 de febrero.