Se estima que para llevar a cabo las cincuenta y ocho (58) iniciativas de revocatoria de mandato inscritas a la fecha, se deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerca de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000). En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social autorice la recolección de apoyos, la entidad solicita a esa cartera trazar los lineamientos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas.

En medio de la situación sanitaria excepcional por la que atraviesa el país, con ocasión de la pandemia por la COVID-19, y con el propósito de salvaguardar la salud de los colombianos, la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social su concepto sobre la viabilidad de entrega de los formularios y recolección de firmas. La medida se produjo en momentos en que se promueven revocatorias, entre otras, de la alcaldesa de Bogotá Claudia López y de su colega de Medellín, Daniel Quintero.

En el oficio remitido al jefe de la cartera de salud, la entidad solicita “su autorizado concepto, sobre la viabilidad de la entrega de formularios físicos de recolección de firmas de apoyo y si autoriza la consecuente recolección de las mismas por parte de los comités promotores y sus equipos de trabajo en terreno”

Hasta tanto el Ministerio de Salud emita concepto y fije un protocolo de bioseguridad sobre la recolección de firmas, la Registraduría Nacional del Estado Civil determinó suspender el trámite de revocatorias de mandato de alcaldes, gobernadores y otros funcionarios de elección popular.

El presupuesto estimado incluye la revisión de apoyos que respaldan las iniciativas, así como la conformación del censo, la selección de jurados de votación, organización logística de los puestos de votación, elaboración y distribución de los kits electorales, preconteo, escrutinios, consolidación y entrega de resultados.

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