Un cheque en blanco

Posted on 17 de diciembre de 2013 by Periodismo Público

El día 3 de Diciembre del año en curso, el Concejo Municipal de Soacha instaló formalmente las sesiones extraordinarias convocadas por el Señor Alcalde Juan Carlos Nemocón, mediante decreto 254 de diciembre 02 de 2013. Dichas sesiones irán entre el 03 y el 22 de este mes, tiempo durante el cual se debatirán 4 proyectos de acuerdo, de los cuales uno nos causa especial desazón.

Es el que tiene que ver con la autorización al Alcalde Municipal para “realizar todas las diligencias administrativas y legales dirigidas a entregar, mediante la modalidad de concesión, a un tercero público o particular, la modernización, implementación, gestión, operación y puesta en marcha de los servicios operativos y administrativos de:

• Operación del Registro Municipal Automotor;
• Operación del Registro Municipal de Conductores;
• Proceso de atención de trámites de Tarjetas de Operación – RTO;
• Operación del Registro Municipal de Infractores;
• Operación del Centro Integral de Atención –CIA;
• Administración y Operación de los Patios Municipales y grúas;
• Operación y Administración de las Zonas de Estacionamiento regulado en Vía Pública para los Vehículos Particulares;
• Recaudo y cartera de multas por infracciones de tránsito;
• Gestión de Otros Trámites.”

Según el proyecto de acuerdo, el Sr. Alcalde está pidiendo facultades al Concejo Municipal para privatizar totalmente dicho servicio público.
Las privatizaciones de empresas del Estado están autorizadas desde la promulgación de la Constitución del 91 y por la ley de servicios públicos y han traído a la nación, no pocas consecuencias indeseables para el grueso de la población. Sería interminable citar todas las secuelas que esta política inicua ha traído a todos los colombianos, pero para ejemplificar nos permitimos citar algunos ejemplos.

Podemos empezar con la Ley 100 o de salud, que convirtió el derecho en un negocio y ha producido más muertos que todas la violencias que aqueja a nuestro país juntas, y que clama al cielo su derogación; o la de servicios públicos, que permite vender las empresas del Estado de servicios públicos a menosprecio y castigando al usuario con altas tarifas; la privatización del manejo de las pensiones, que al ponerlas en manos privadas, despojan al Estado de una gran fuente de recursos que podría apalancar el desarrollo nacional, esto entre muchos otros ejemplos.

En el caso de Soacha, la experiencia privatizadora no ha dejado mejores resultados. Recordemos los casos más emblemáticos; el servicio de recolección de basuras y del alumbrado público, casos que lesionan el ya de por si menguado presupuesto de la población del municipio que en su gran mayoría no supera los estratos 1 y 2. Teniendo en cuenta estas experiencias prácticas, el Polo Democrático Alternativo se declara en contra de dicho acuerdo y solicita al Concejo Municipal que no otorgue las facultades pedidas por el Alcalde, por considerar que dicha concesión puede ser lesiva de los intereses del municipio y que se podría configurar un detrimento patrimonial para las arcas municipales. Igualmente, solicitaremos a los entes de control, Contraloría Municipal, Personería y Contraloría Departamental, el acompañamiento a dicho proceso. Así mismo nos declaramos veedores de dicho proceso y acudiendo a la razón de los cabildantes, les solicitamos que archiven dicho proyecto, teniendo en cuenta que en estas sesiones extraordinarias no existe el tiempo suficiente para estudiar la conveniencia para el Municipio y que no ha existido la debida socialización del estudio que soporta este acuerdo.

En manos del Concejo municipal radica la responsabilidad de evitar que se cause una lesión enorme a las finanzas municipales, negándose a girar este cheque en blanco al ejecutivo para que realice dicho contrato, sin conocer la afectación para el presupuesto público.

Conminamos a los 19 concejales a que asuman con responsabilidad su función de control político y de defensores del interés popular, y nieguen dicho proyecto, evitando convertirse en coautores de un posible delito contra las finanzas municipales.