Un voto vale entre 25 mil y 200 mil pesos en Colombia
A menos de un mes de las elecciones regionales en el país, la Fiscalía y la Policía tienen una radiografía sin antecedentes sobre las redes que ofrecen al mejor postor paquetes de votos para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.
En buses, taxis, mototaxis y hasta en lanchas fueron ‘trasteados’ de municipio miles de colombianos que recibieron entre 25.000 pesos y 200.000 pesos para inscribir sus cédulas en lugares de votación a los que se comprometieron en volver el próximo 25 de octubre, para finiquitar la venta ilegal de sufragios. Lo que se vende son combos (que pueden ir desde las firmas para inscribir candidatos hasta el voto como tal), cuyo pago incluye, además de la plata, el valor del transporte, la comida y hasta el trago para los sufragantes.
El fenómeno es de tal magnitud que el Gobierno calcula en casi 800.000 las cédulas inscritas irregularmente. De hecho el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo sostiene que “no hay un pueblo en Colombia en el que no haya sospechas”.
En estas elecciones, por primera vez, la Fiscalía empezó a perseguir a los que pecan por la paga electoral. Diferentes operativos dejan ya 22 personas capturadas en Atlántico, Meta, Bolívar, Córdoba y La Guajira, y se alista un nuevo capítulo penal contra funcionarios de la Registraduría enredados en esas prácticas ilegales.
Una de las últimas personas detenidas fue la contratista Lucy Erazo Yohar, dueña de una empresa de aseo y vigilancia en La Guajira que presta sus servicios a entidades públicas y quien reunió a sus trabajadores el 12 de junio en un restaurante de Riohacha y les advirtió que cada uno tenía que aportarle cinco votos, so pena de perder sus trabajos.
Según la Fiscalía, interceptaciones ordenadas por jueces y las entrevistas arrojan que esos votos iban para candidatos de varios movimientos. La investigación sostiene que serían repartidos entre las campañas de Gabriel Redondo Pinto, candidato a la asamblea por ‘la U’; Nemesio Raúl Roys, quien aspira a la alcaldía de Riohacha por el Partido Conservador, y Karla José Escudero, quien va al Concejo de ese municipio también por ‘la U’.
Los ‘dueños’ de los grupos de votantes no van tanto por plata, sino por los millonarios contratos que recibirán de sus clientes una vez estos lleguen a los cargos públicos.
El expediente de las trampas electorales señala que hasta los ‘barras bravas’ son mansos para los que trastean votos. A 150 de ellos los llevaron, luciendo camisetas de sus equipos, desde el municipio de Soledad a Santa Lucía, en Atlántico, donde inscribieron sus cédulas. Cada uno de ellos habría recibido 50.000 pesos y trago suficiente para el viaje, el pasado 14 de agosto.
A los candidatos Miguel Fernando González (alcaldía de Canalete, Córdoba), y Feliciana Domínguez y Julio Cesar Álvarez (concejo) los señala la Fiscalía de estar detrás del trasteo de más de cien personas de municipios aledaños.
“El voto se cotiza según lo reñida que esté la campaña y la distancia que hay que mover a los electores”, afirmó un investigador.
En Córdoba se detectó una red que alquila motos y las entregaba a los sufragantes para que fueran a municipios cercanos a inscribirse. Una vez regresaban devolvían la moto y recibían la mitad de lo prometido. “En este caso, que aún está en investigación, se detectó que la red no estaba comprometida con ningún candidato y que su estrategia era acopiar votantes para luego ofrecerlos al mejor postor”, indicaron las fuentes consultadas. Pero no solo se ofrece plata. En La Guajira se paga el voto con beneficios del Sisbén, y en Meta la promesa es de contratos públicos a cambio de votantes.
El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, dijo que se investigan casos alarmantes como el de Cota (Cundinamarca), adonde se habría dado un trasteo masivo desde Soacha. Allá se anularon 4.249 cédulas. Agregó que en algunas regiones de la Costa prácticamente se anuló el 80 por ciento de las inscripciones.
Vienen 175 acusaciones
La Fiscalía ya escuchó en interrogatorio a 700 personas que se inscribieron en donde no debían y les ofreció beneficios si colaboran para desmantelar las redes detrás de esa práctica ilegal. Sin embargo, al encontrar que la colaboración no ha sido efectiva se procederá a imputar cargos a 175 personas que se exponen a penas de entre 4 y 8 años de cárcel.
El vicefiscal Perdomo advirtió que no se busca judicializar a los ciudadanos, pero que quien no colabore se expone a ir preso. “Antes se hacían las capturas el día de las elecciones: aquí nos estamos adelantando para dar transparencia al proceso”, indicó.
El general Palomino dijo que, además del riesgo de las ‘mafias’ electorales, se ha detectado que las bandas, actores de minería ilegal y el Eln han contactado a candidatos ejerciendo presiones indebidas.
Boletas para cine en el Meta
La Fiscalía acaba de abrir una indagación sobre la presunta utilización de un convenio de la Alcaldía de Villavicencio y Cineco Social para hacer política.
En poder de los investigadores están las copias del convenio, que busca favorecer a personas de bajos recursos con entradas a cine. Sin embargo, se detectó que adultos mayores y niños eran llevados a las funciones por personas de la campaña del candidato a la alcaldía Fernando Rivera e incluso se ve a los promotores, vestidos con camisetas del candidato, diciendo que esa es una actividad promovida por la Alcaldía.
Investigadores señalaron que Cineco suspendió el convenio al enterarse del posible mal uso que se le estaba dando.
2.817 candidatos, con procesos por narcotráfico
Una comisión especial de investigadores estableció que hay vigentes 103.033 investigaciones contra personas que aspiran a ser elegidas en octubre.
11.143 de ellos tienen procesos por inasistencia alimentaria; 6.183, por violencia intrafamiliar; 1.254, por delitos contra la integridad social; 2.817, por narcotráfico; 822, por concierto para delinquir, y 1.076 por tráfico y porte de ilegal de armas.
Policía y Fiscalía han capturado a 14 candidatos por nexos con bandas criminales especialmente el ‘clan Úsuga’ y ‘la Constru’ (que delinque en Putumayo), y se prepara una nueva operación contra al menos otra docena de aspirantes. Según el vicefiscal Perdomo, esas investigaciones fueron priorizadas “para evitar que reviva la parapolítica”.
Tomado de: http://www.eltiempo.com
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