A pesar de que a partir de este año es obligatorio que los congresistas y altos funcionarios del Estado hagan pública su declaración de renta, de bienes y conflictos de interés, hasta el momento menos de la mitad ha cumplido con este trámite.

Solo 36 de los 108 senadores de la República han efectuado esta diligencia.

En el caso de la Cámara de Representantes han cumplido con el requisito 64 de los 170 miembros que componen esta corporación.

Entre los congresistas más reconocidos cuya declaración de renta aún no aparece en la plataforma habilitada por la Función Pública –al corte del viernes en la noche– se encuentran el expresidente y senador Álvaro Uribe, el senador de Colombia Humana Gustavo Petro y el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo.

En el caso de Petro y Robledo publicaron la declaración de renta en redes sociales, pero hasta el momento el documento no figura en el aplicativo que la Función Pública creó para ello.

Tampoco figura el reporte de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ni el del senador de ‘la U’ Roy Barreras. Otro de los que no aparece en el aplicativo es el presidente del Congreso, Lidio García.

La norma indica que todo sujeto al que se le aplique este mandato “deberá registrar de manera obligatoria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés y cargar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios”.

Según informó el Departamento de la Función Pública, entidad que administra el aplicativo, la publicación de la información requerida debe hacerse de manera inmediata.

En caso de incumplimiento de la norma, la Procuraduría General puede abrir una investigación disciplinaria.

Se destaca que en el aplicativo aún no aparece la declaración de renta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ni del director de la Dian, José Andrés Romero.

Esta obligación se aplica para los congresistas, el Presidente de la República, así como magistrados, líderes de organismos de control (Fiscal, Procurador, Contralor, Auditor, Defensor del Pueblo y Registrador), ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes públicos y rectores de universidades públicas.

La publicación de esta información es requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo, según señala la ley que sancionó en diciembre el presidente Iván Duque. Esta norma fue producto del llamado ‘paquete anticorrupción’, que se tramitó en el Congreso desde septiembre de 2018.

Fuente: eltiempo.com