“El Estado ha incumplido sus compromisos con nosotros”: desplazados en Soacha

Posted on 19 de julio de 2012 by Periodismo Público

Como una ‘farsa’ fueron calificadas las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, en las cuales se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado en Colombia y se determinan los lineamientos para la reparación de las víctimas del conflicto, pues según la población en situación de desplazamiento no se han dado las garantías para que esas disposiciones se cumplan.

El pronunciamiento de los desplazados se hizo en medio de una concentración realizada por la OPDS (Organización de Población Desplazada de Soacha) en la Plaza Principal del municipio, que sirvió como preámbulo a la marcha que los desarraigados realizaron hasta Bogotá, donde se reunieron con otras organizaciones de población desplazada, con las cuales realizaron una manifestación para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la garantía para que lo dispuesto en las mencionadas normas sea una realidad.

Un numeroso grupo de personas en situación de desplazamientos, en el que también habían ciudadanos provenientes de municipios cercanos a Soacha como Mesitas del Colegio, La Mesa, Sibaté y Silvania, hicieron graves señalamientos en contra de la aplicación, particularmente de la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras, que según ellos ha empeorado su situación en lugar de mejorarla:

“La Ley 387 ha cumplido 15 años el día de hoy, en este tiempo las víctimas todavía no han podido ser reparadas en su totalidad, tal como lo estipula esta norma, donde dice claramente que debemos acceder a una vivienda digna y tener un estatus social más ajustado a nuestra situación. Además de eso se han incumplido las prórrogas, y también se han hecho incumplimientos en cuanto a salud y otros temas. Respecto a la Ley 1448, el incumplimiento es porque nosotros las víctimas no podemos aceptar que nuestros victimarios sean considerados como ‘poseedores de buena voluntad en nuestras tierras’, es inaceptable que el Estado diga que va a entregar dos millones de hectáreas de tierras, sabiendo que en realidad son más de seis millones las que se le han quitado a la población…

…Adicionalmente, no se puede permitir que la Ley diga que el subsidio de vivienda va a ser a modo de indemnización y reparación de las víctimas, ya que este recurso es un subsidio que se ha dado a nivel nacional a toda la población, sea vulnerable, desplazada o de cualquier otra condición. Hay que revisar esta norma porque no fue hecha en consenso con nosotros, por eso estamos pidiendo que se haga algo al respecto, porque no podemos seguir con una Ley que atropella a la población en condición de desplazamiento, víctima de la violencia y del conflicto”, explicó Oswald Saldaña, representante de OPDS.

“Estoy aquí porque en realidad no me dan seguridad para devolverme a mi finca, yo no vengo desplazada solamente por la guerrilla, sino por el ejército y los antinarcóticos, porque yo cultivaba cocaína. Mi finca era de 900 hectáreas, hicieron 16 helipuertos, encontraron petróleo y ese fue el problema por el cual me desplazaron. Ahora, Acción Social no nos responde, simplemente llegan cada año con limosnas de $270.000. Queremos que esta sea la última vez que nos veamos obligados a protestar, porque ya nos prohíben hacer una marcha pacífica, pues dicen que nos pueden meter a la cárcel, sin embargo lo que nadie ve es que nuestros verdugos y los mismos actores del Estado viven ‘como reyes’, mientras nosotros permanecemos prácticamente en la mendicidad”, agregó Ana Cecilia Reyes, desplazada de San José del Guaviare y habitante de Altos de la Florida en la comuna seis.

“El Gobierno tiene que cumplir lo prometido, la Corte Constitucional ha emitido un fallo de unos autos y unas leyes que hasta el momento no se han cumplido, pues sólo nos han dado ‘pañitos de agua tibia’. El verdadero cumplimiento no se ha dado, si hablamos de la reparación, como lo dice la Ley 1448, vemos que hay una completa farsa. La opinión pública sabe muy bien que cuando se han dado los títulos de propiedad a nuestros compañeros y ellos han regresado a sus lugares de origen, han sido asesinados, y si no es que han sufrido un nuevo desplazamiento forzado, lo cual hace que sean más perseguidos que antes. Estamos evidenciando la injusticia y la falta de cumplimiento de estas leyes que ha reglamentado la Corte Constitucional, ¿dónde quedan nuestros derechos?, ¿dónde estamos nosotros?”, concluyó Gladys Gallego, desplazada residente en Soacha.