A la cárcel presunto responsable de amenazar a servidoras del ICBF en Cundinamarca
En un municipio de Cundinamarca, un proceso judicial puso en el centro de la discusión la seguridad de funcionarios públicos y los alcances de su labor diaria.
Las funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Chocontá, Cundinamarca, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024 recibieron mensajes que iban desde correos electrónicos y llamadas telefónicas, hasta confrontaciones directas en su propio lugar de trabajo. La constante era la misma: intimidaciones que apuntaban contra su vida e integridad.
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Las víctimas eran una defensora de familia y una psicóloga, quienes llevaban procesos de protección y restablecimiento de derechos en la región. De acuerdo con la Fiscalía, las amenazas habrían surgido en medio de un trámite relacionado con las hijas de Víctor Julio Sua Quevedo, quien fue identificado como el presunto responsable de los hostigamientos.
El relato judicial da cuenta de una persecución sistemática. No se trató de un episodio aislado, sino de una secuencia que se prolongó por más de seis meses y que generó preocupación entre las servidoras del ICBF, acostumbradas a enfrentar situaciones complejas en defensa de los derechos de la niñez, pero no a ser blanco directo de agresiones.
Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía General de la Nación presentó el caso ante un juez de control de garantías. Allí expuso que las intimidaciones no solo atentaban contra la tranquilidad de las funcionarias, sino que también buscaban frenar el cumplimiento de su labor en favor de los menores. El ente acusador imputó a Sua Quevedo el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, un cargo que el procesado no aceptó.
La investigación avanzó hasta que, el 21 de agosto, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden judicial y capturaron a Sua Quevedo en vía pública de Chocontá. Posteriormente fue presentado ante el juez, quien atendió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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La decisión envía un mensaje claro: las amenazas contra funcionarios encargados de velar por la niñez no quedan en la impunidad. El caso continuará en etapa judicial, mientras las autoridades insisten en que la protección a quienes defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes es prioritaria en el departamento de Cundinamarca.
Foto: Fiscalía
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