Detrás del Plan Departamental de Aguas más grande del país

Posted on 28 de diciembre de 2018 by Periodismo Público

Los Planes Departamentales de Aguas (PDA) del país siempre han sido objeto de una misma crítica: con base en ellos se crean grandes diseños, mucha consultoría y varios logros en papel, pero casi nunca se ejecutan completamente. Cundinamarca parece ser la excepción de esa regla.

Hoy, este PDA, el que recibe más recursos a nivel nacional, es también el que más ejecuta acciones en pro de los recursos hídricos del territorio, con lo que beneficia a más de dos millones de colombianos.

Esta apuesta, en la que se han invertido $500.000 millones, ha cubierto las necesidades de los municipios que crecen cada vez más y cuyos acueductos, alcantarillados, unidades sanitarias o incluso vehículos compactadores empiezan a quedarse pequeños en comparación con la demanda. Este es el caso del acueducto que el municipio de Cáqueza está estrenando.

Estas acciones hacen que las palabras del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, al decir que este “Plan Departamental de Agua es un PDA ejecutor y no simplemente planificador”, cobren sentido. Esto se ha logrado gracias a tres factores precisos. Primero, el avance de las administraciones pasadas, la ventanilla departamental de viabilización de proyectos y el trabajo de un equipo de diseño propio de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP (EPC) en función de las necesidades del departamento. Esa combinación ha sido la fórmula para conseguir un PDA más eficiente.

Pero este ambicioso plan está sostenido, además, en metodologías especiales, monitoreos desde las mismas comunidades y un sistema de microgerencia ejecutado en los municipios. De acuerdo con Andrés Ernesto Díaz Hernández, gerente de EPC, esto ha sido gracias a “sentir la comunidad”. Porque todas las obras realizadas en el departamento están acompañadas de un plan de gestión social liderado por trabajadores sociales que presentan los planes y crean en las comunidades veedurías que supervisen el trabajo que se ejecuta.

Un ejemplo del empoderamiento de las comunidades es el programa Agua a la Vereda, con el que se han atendido hasta 127 acueductos en áreas rurales. Ese avance es logrado por las comunidades, a las cuales se les entregan los recursos para que mejoren y mantengan su infraestructura y administren el dinero conforme lo decidan. En ese caso, considera Díaz, no hay pierde.

No obstante, el único tropiezo que aún enfrenta este PDA en ese alentador panorama es la consciencia hídrica. Según el Ideam, existe una alta probabilidad de que Cundinamarca sea un foco de sequía en el próximo fenómeno de El Niño, estimado para enero, febrero y marzo del próximo año. Esa vulnerabilidad ha impulsado a la Gobernación a trabajar en contra del desperdicio de agua. De ahí que una de las campañas más fuertes sea la de explicar a los ciudadanos que el ciclo integral del agua está no solo en manos del prestador de servicios públicos, sino de las mismas personas. De hecho, una de las últimas apuestas de la Gobernación es dejar consignado un plan de abastecimiento de agua para el futuro. Para ello se proyecta la construcción de embalses pequeños, de alrededor de 4 metros cúbicos, y la sensibilización de los cundinamarqueses.

Los protectores del agua en Cundinamarca

Desde hace cinco años, cuando el Gobierno lanzó el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), Cundinamarca se atrevió a ser el primer departamento en implementar esta estrategia de conservación, bautizada “Yo protejo, agua para todos”. En la tarea de hacer realidad lo que describe la ley, la Secretaría de Ambiente de la Gobernación ha hecho acuerdos con alrededor de 151 familias que viven en áreas estratégicas de conservación. Un ejemplo de ello son los nacederos de agua.

La idea es que esos incentivos, representados en especie o en dinero, sirvan para que los ciudadanos mejoren sus relaciones con el medio ambiente. El incentivo, acordado tras un estudio ambiental y diálogo con las familias, es convenido según las necesidades. En caso de que sea dinero, la ley dicta que se entregue de $400.000 a $600.000 por hectárea conservada cada año. Si el incentivo es en especie, las familias reciben planes de adecuación ambiental, asesorías, capacitaciones e incluso inversiones en infraestructura para que construyan abrevaderos para el ganado o semillas para la reforestación de sus predios.

Por ese avance, justamente, Cundinamarca lleva la delantera en esta estrategia. Tanto así que otras autoridades reciben asesoramiento de ellos en el tema. El equipo encargado de PSA ha liderado con retos que se presentan también en el resto del país. En palabras de Marleny Urbina, coordinadora del programa en la Secretaría, “la norma no se ajusta tanto a la realidad”.

Uno de los tropiezos que han encontrado es que el incentivo acordado por la ley debe reconocerse por cada hectárea que conserve una familia. Esto es un problema si se tiene en cuenta que los predios rurales están en su mayoría fragmentados. Por eso, la Secretaría ha propuesto acuerdos colectivos. Es decir, que los beneficiados sean propietarios u poseedores de tierra que se asocien para conseguir la medida de tierra solicitada por el Gobierno.

Otro problema enfrentado por la Secretaría es que quienes terminan siendo beneficiados son las personas con mayores recursos. La razón es que son los que tienen sus propiedades legalizadas, una condición precisada por ley. Al avistar este asunto, el departamento logró que el Ministerio de Ambiente ajustara la norma, ampliándola a incentivos para campesinos como poseedores regulares.

Ese proceso, que representa un avance nacional, continúa en construcción desde la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, con apoyo de las corporaciones autónomas regionales (CAR) de Cundinamarca, Corpoguavio, Corporinoquia y el Fondo Patrimonio Natural.

Fuente: El espectador