A merced de ladrones, invasores y el tráfico pesado, quedó conjunto residencial San Carlos de Soacha

Tras la apertura de las porterías principales del conjunto residencial San Carlos, en la comuna seis, el incremento de la inseguridad y el paso de vehículos pesados tiene preocupados a los líderes y habitantes de la urbanización, por eso se convocó a un importante consejo de seguridad con la presencia del alcalde municipal para encontrar soluciones a las problemáticas existentes.


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Después de doce años de gestión para poder conservar las porterías principales de la urbanización San Carlos de Soacha, sus líderes tuvieron que permitir que la administración municipal las tumbara, en cumplimiento de la sentencia impuesta por un juez de Bogotá que ordenó la apertura permanente a las mismas para dar paso a la vía pública que atraviesa el conjunto.

Para la comunidad residente en San Carlos, la función más importante de las porterías, que ya no están, era garantizar la seguridad de los residentes de la urbanización, pues con estas se controlaba el flujo de vehículos y personas, además las estructuras hacían parte del encerramiento de la propiedad horizontal que ahora dejó a los copropietarios con un problema de orden público, protagonizado por vándalos y conductores imprudentes.

“En este momento quedamos totalmente a la deriva y el conjunto se convirtió en un espacio en donde todo el mundo, especialmente la delincuencia y lo viciosos están ingresando. En las noches están atemorizando a los transeúntes y copropietarios, e incluso a los guardias de seguridad, quienes deben soportar los mal tratos de quienes quieren ingresar a la fuerza al conjunto”, describió Libardo Ramos, integrante del consejo administrativo de San Carlos.

El mayor problema que se ha presentado para los miembros más antiguos de la comunidad de San Carlos, es que las personas que estuvieron detrás de la sentencia que obligó a abrir las porterías, están difundiendo un rumor dañino a través del cual pretenden que los residentes dejen o se abstengan a cancelar la cuota de administración, mediante la cual se pagan todos los servicios con los que cuenta la urbanización.

“Recordemos que el conjunto está regido por la ley de propiedad horizontal 675 del 2001, por lo tanto es necesario que los copropietarios sepan que se debe seguir cancelando la cuota de administración, esa es la única forma para que podamos mantener los servicios públicos y la empresa de vigilancia. Esta es una problemática que debe ser abordada entre todos”, manifestó Jonathan Torres, administrador del conjunto.

Para el cumplimiento total de la sentencia interpuesta, la administración municipal debía derrumbar las porterías, sin embargo la unión de la comunidad no permitió que el procedimiento se diera de esa manera. No obstante la comunidad está empezando a sufrir problemas de invasión del espacio público, tránsito de vehículos de carga pesada y el aumento de la inseguridad, entre otros.

Por esa razón organizaron un consejo de seguridad en compañía del alcalde municipal Eleázar González, quien estará acompañado por toda su comitiva y demás autoridades del municipio para hallar soluciones prontas a las inconformidades de la comunidad.

“Es importante que todos los residentes de la urbanización asistan. Tenemos que buscarle salidas a la problemática que tenemos actualmente en San Carlos. Estamos trabajando de la mano con el consejo administrativo y la alcaldía municipal para darle soluciones a esta comunidad que recientemente se ha visto afectada por el tema de la inseguridad. Extendemos la invitación al consejo de seguridad que se va a llevar a cabo este sábado 8 de octubre a las 5:30 p.m. en el salón comunal del conjunto. Todos tenemos que decidir qué es lo que queremos para nuestra urbanización”, finalizó el administrador.

Algunos residentes culpan al alcalde Eleázar González ya que manifiestan que el mandatario se había comprometido a no ejecutar la orden del juzgado hasta que se encontraran salidas a la problemática que ello implica. Sin embargo, la acción, aunque se ejecutó parcialmente, se hizo efectiva a comienzos de esta semana y ahora los habitantes del conjunto están a merced de los delincuentes.

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