No es ahora la primera vez ni tampoco será la última ocasión para que en medio del caos, la anarquía, la inseguridad, la carencia en la prestación de servicios dignos y el colapso ambiental que reinan en el municipio de Soacha, que se reviva el debate de una eventual anexión del municipio de Soacha al Distrito Capital.

En la practica el municipio desde la década del 70 e incluso antes, ha dependido del Distrito Capital en la prestación de los servicios básicos que requiere la existencia de una comunidad llámese barrio, vereda o municipio. Otra cosa es que la dependencia y sobre todo la calidad en la prestación de dichos servicios hayan sido hasta el presente de pésima calidad.

El caso de Soacha, como todos los fenómenos que aquí se han aclimatado informalmente, reviste unas características sui generis, pues durante la época en la que se llevaron a cabo los procesos de anexión de varios municipios periféricos al Distrito, Soacha quedo al margen de ellos porque las diferentes industrias instaladas en la jurisdicción del territorio, la actividad comercial y los ingresos por impuesto predial, comercio e industria, le otorgaban al municipio cierto grado de autonomía fiscal y económica. Y tampoco había ocurrido el proceso de segregación de los actuales municipios de Granada y Sibaté que significaron una considerable reducción no solo de su número de habitantes, del territorio, de sus recursos naturales, de sus áreas cultivables y urbanizables sino también una reducción significativa de los ingresos fiscales.

El proceso de anexión que promovió y desarrollo el gobierno nacional hacia mediados de la década del 50 en relación con los municipios vecinos, no tuvo en cuenta lo que establecía el acto legislativo de 1945 donde se condicionaba que cualquier intento de fusión debería contar con el acuerdo unánime de las tres cuartas partes de los concejales de cada municipio para proponer a Bogotá su anexión.

La anexión que finalmente se impuso arbitrariamente, se produjo al amparo del artículo 121 del Estado de Sitio durante el gobierno de Rojas Pinilla sobre los municipios de Usme, Usaquén, Bosa, Fontibón, Engativá y Fontibón y fue contraria a la voluntad de los representantes de los ciudadanos (concejales de la época) mediante el decreto 3640 del 17 de diciembre de 1954.

La anexión sistemática del espacio geográfico tanto rural como urbano de los municipios en mención, incorporó en consecuencia al área del Distrito los territorios de los mencionados municipio, iniciándose un proceso de reconfiguración de la nueva visión de ciudad bajo el concepto de área metropolitana, estimulado por los procesos de conurbación que se desarrollaban entre estos municipios y el Distrito, , el crecimiento demográfico de la capital como consecuencia del desplazamiento de la violencia política y los flujos de migración natural,que fueron dando lugar al surgimiento de los espacios de transición o conurbación entre los municipios y la capital.

Sin embargo la anexión no tuvo en el fondo más que consideraciones de orden fiscal y económico por parte del gobierno nacional, pues los municipios potencialmente viables para su anexión no cumplían con los requisitos más importantes para conservar su autonomía relativos a los ingresos para mantener una situación de autonomía fiscal y una administración pública que no generara déficit. El distrito al incorporar al territorio del Distrito estos municipios, lograba vincular grandes áreas productivas con vocación agrícola que finalmente de orientaron al desarrollo de futuros programas de vivienda y zonas industriales.

Lo cierto es que la suerte de los municipios anexados no fue mejor que la que disfrutaban antes en ejercicio de su autonomía, pero la situación de Soacha bajo las condiciones de la autonomía de la que gozaba, fue catastrófica por decir lo menos.

No obstante ser Soacha uno de los epicentros industriales más importantes del país durante la década del 60 y 70, la desidia e incapacidad de la clase política tradicional de entonces, no logro comprender ni mucho menos entender y visualizar el potencial del municipio.

Varios interrogantes quedan en el ambiente que demandan una respuesta aunque quizá sea un poco tarde.

¿Por qué se generó el proceso de dependencia del distrito en relación con la prestación de los servicios durante los últimos 50 años?
¿Hasta dónde la timorata y pusilánime clase política local, amparada en un falso sentido de identidad y pertenencia con el territorio y su historia, son responsables histórica y políticamente de la actual debacle del municipio?

¿Hasta dónde representó para la clase política local inescrutables beneficios personales favorables a sus intereses económicos y a sus intereses políticos el haber mantenido la autonomía del municipio?. El debate queda abierto y los lectores tienen la palabra.