La Procuraduría General anunció la apertura de investigación al alcalde de Soacha por presunta participación en política en las elecciones del pasado 13 de marzo.

La Procuraduría General de la Nación tomó en cuenta las denuncias de ciudadanos y líderes donde se señala al alcalde Juan Carlos Saldarriaga y a su esposa de, presuntamente, participar en política a favor de la campaña de Lili Rodríguez.

En la Procuraduría cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos, dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país, entre ellos el de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga.

El ente de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y 9 aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Pulí y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

A la fecha, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

En el informe también se advierte que se busca averiguar “si la Registraduría Nacional contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización y los controles y pruebas para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones”.