Problemáticas como la pobreza y el desplazamiento hacen parte de las consecuencias que deja la guerra, y como Colombia no es ajena a ésta, Bogotá se convierte en la principal receptora de sus consecuencias. Por ello, la Administración Distrital trabaja para mitigarlas con diversas acciones que mejoren la convivencia y la seguridad ciudadana, y reivindican los derechos humanos de la ciudadanía.


Sin embargo, el marco de el Foro ‘Retos de las ciudades: etapa postconflicto’ permite que el Distrito presente una propuesta en la que se incluyan acciones que deben hacerse para generar una mejor reconciliación y tramitar el postconflicto:

1. Realizar una modernización normativa o legislativa teniendo en cuenta la realidad nacional y el reto de atender la potencial etapa de postconflicto, donde se visibilice a las víctimas del conflicto para que no se repitan las mismas condiciones y se institucionalice una forma efectiva y oportuna de atender su situación de vulnerabilidad y se restituyan efectivamente sus derechos.

2. Es necesario que el Estado colombiano cree o destine fondos económicos suficientes para financiar una etapa exitosa de postconflicto. El presupuesto nacional que se destinó para la vigencia 2010 para atender el conflicto, representa el 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en educación sólo se invertirá el 13,9%.

3. Asumir por el conjunto de las ramas del poder público el problema de la redistribución de la tierra en Colombia. Sólo si se resuelve esta problemática se podrá pensar en el retorno de los campesinos a sus lugares de origen.

4. Construcción de una nueva forma de ejercicio democrático que reconozca todas las opciones de juego. Por eso en Bogotá se ha promovido el ejercicio democrático en todos sus campos de acción, suscitando liderazgos ciudadanos en procesos de organización social y comunitaria, reconociendo y visibilizando la existencia de las diferencias étnicas y culturales en un mismo territorio, como parte de la riqueza de la ciudad.

5. Discutir cómo orientar el papel de las Fuerzas Armadas y el conjunto de la Fuerza Pública hacia el postconflicto. Bogotá construye una Escuela de Formación para la Policía, donde se realice un pensum que reconozca las nuevas realidades urbanas.

La Administración Moreno Rojas va un paso adelante liderando varios programas para mitigar la etapa posconflicto, que comprometen todas las entidades distritales, con especial liderazgo de la Secretaría de Gobierno:

Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración, desde el cual se han dirigido acciones complementarias para la reintegración a la vida civil de 6.657 desmovilizados y más de 22.000 miembros de sus familias. Así mismo, se han sensibilizado alrededor de 110.000 personas receptoras, posibilitando una reintegración más adecuada de excombatientes a la sociedad civil.

Programa de Atención Integral a la Población Desplazada, se han brindado 44.000 atenciones integrales mensuales, más de un millón en lo que va de esta Administración, a población en situación de desplazamiento, brindando una atención diferenciada a las mujeres, a las personas en condiciones de discapacidad, y a minorías étnicas, afrodescendientes e indígenas.

Se amplió la Red Distrital de Reconciliación a doce de las veinte localidades del Distrito, involucrando más de 12.000 personas y movilizando 250.000 personas en más de 40 distintos eventos, además, se implementó la Escuela Distrital de Noviolencia que impulsa el conocimiento de la teoría y la práctica de la no violencia para líderes sociales y comunitarias, cubriendo 2.500 personas en lo corrido de la actual Administración.

Programa de Atención a las Víctimas de Violencias y Delitos para la Garantía de sus Derechos (CAVID), cuenta a la fecha con 10 CAVID donde se han atendido más de 6.000 personas que han sido afectadas por el conflicto armado y otros graves crímenes como desaparición forzada, secuestro, homicidio, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado y violencia sexual, etc.

Se han generado las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social en 647 marchas y concentraciones, incluyendo la Minga Indígena, con una participación aproximada de 6.000.000 de ciudadanos.
Bogotá ha hecho varios ejercicios reivindicativos y reiterativos del monopolio de las armas en el Estado, a través de la campaña ‘Amar es desarmarte’ permanentes de desarme ciudadano y de sensibilización frente a la importancia de acudir a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.