Cargos contra exalcalde en Cundinamarca por la presunta interrupción del PAE
Según lo revelado por el Ministerio Público, la falta de continuidad en este servicio esencial habría afectado directamente a 14.762 estudiantes de instituciones educativas oficiales del municipio.
La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos disciplinarios contra el exalcalde de Chía (Cundinamarca), Luis Carlos Segura Rubiano, por su presunta responsabilidad en la interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante al menos nueve días del calendario académico del año 2022.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Zipaquirá, el entonces mandatario habría omitido el cumplimiento de la normativa establecida por el Ministerio de Educación, lo cual generó la suspensión de la prestación del programa en las 12 instituciones públicas de Chía.
El organismo de control subrayó que esta situación podría constituir una vulneración al principio de responsabilidad que rige la función pública, toda vez que los alcaldes están obligados no solo a supervisar los procesos contractuales, sino también a garantizar que los servicios sociales a su cargo no se interrumpan.
La entidad puntualizó que, si bien ciertas tareas pueden ser delegadas, la responsabilidad última recae sobre el alcalde municipal. En este caso, se cuestiona que no se hubieran previsto con la debida anticipación los tiempos contractuales ni las condiciones logísticas para evitar la interrupción del PAE, situación que, según lo indicado, se extendió por más de una semana y representó un perjuicio significativo para la comunidad estudiantil.
En el mismo proceso disciplinario también fue vinculada la entonces secretaria de Educación del municipio, Liliana Andrea Villalobos Gordo, a quien la Procuraduría le atribuye una aparente omisión en el deber de garantizar que el servicio de alimentación escolar se prestara de forma continua e ininterrumpida.
El organismo señaló que su gestión, al igual que la del exalcalde, habría carecido de las medidas necesarias para asegurar la operación efectiva del programa, lo que terminó por agravar el impacto negativo sobre los menores beneficiarios.
La Procuraduría calificó la conducta atribuida a ambos exfuncionarios como una falta grave, cometida a título de culpa grave, en virtud de la presunta negligencia al momento de planificar, ejecutar y dar seguimiento a un servicio esencial para la población estudiantil.
En el pliego de cargos, el Ministerio Público expone que los investigados habrían actuado sin la debida diligencia exigida por sus cargos, incurriendo en un comportamiento incompatible con los estándares establecidos por la Constitución y la ley para el ejercicio de la función pública.
El documento disciplinario, compuesto por 52 páginas, señala que la omisión administrativa se habría producido entre el 26 de mayo y el 8 de junio de 2022, periodo en el cual el municipio no contaba con un contrato activo para operar el PAE.
La Procuraduría remarcó que la falta de previsión sobre la finalización del contrato anterior, así como la demora en la celebración de uno nuevo, generaron un vacío que afectó directamente a miles de niños, niñas y adolescentes, quienes en muchos casos reciben en sus escuelas uno de los pocos alimentos seguros del día.
En sus argumentos, la Entidad insistió en que el exalcalde Segura Rubiano tenía el deber de verificar las condiciones contractuales con suficiente antelación, para evitar cualquier interrupción del servicio.
El proceso disciplinario se encuentra actualmente en etapa de evaluación, y aún no se ha emitido una decisión de fondo. De encontrarse méritos para sancionar, los cargos formulados podrían acarrear consecuencias como la inhabilitación para ejercer funciones públicas. No obstante, tanto Luis Carlos Segura Rubiano como Liliana Andrea Villalobos Gordo conservan su derecho a ejercer defensa, presentar pruebas y apelar las decisiones que se emitan en su contra dentro del marco legal correspondiente.
Foto: Procuraduría