Red criminal infiltró batallones y vendía armas del Ejército a bandas y disidencias en Bogotá

Una red de tráfico ilegal logró sacar armas del Ejército desde instalaciones militares y ponerlas al servicio de bandas urbanas y disidencias en varias regiones. La operación involucró a uniformados activos y retirados.

Una red criminal integrada por uniformados activos, retirados y civiles fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación, tras establecerse que se dedicaba a sustraer armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que luego eran vendidas a estructuras ilegales de las disidencias de las Farc y bandas criminales urbanas, incluso en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el grupo operaba desde batallones en Bogotá, el Fuerte Militar de Tolemaida y la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca), desde donde extraía armas, explosivos y municiones que posteriormente terminaban en poder de grupos armados en Cauca, Tolima, Meta y Arauca.

La red estaba conformada por personal militar y policial, en servicio o retirado, así como por civiles con actividades comerciales lícitas que servían de fachada para encubrir el tráfico ilegal de armamento. Entre las estrategias utilizadas, se detectó el uso de salvoconductos vencidos para adquirir municiones en comercios legales, induciendo al error a los vendedores.

Las capturas se lograron durante nueve diligencias de registro y allanamiento realizadas por el CTI de la Fiscalía y la Décima Tercera Brigada del Ejército. Durante los operativos fueron incautadas 3.184 municiones de distintos calibres, más de 60 proveedores, 13 pistolas, 16 rifles, revólveres, escopetas, carabinas, un subametralladora, un lanzagranadas, un detonador eléctrico y 55 uniformes militares pixelados, además de $45 millones en efectivo.

Los diez señalados fueron presentados ante un juez de control de garantías en Bogotá, y se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y uso indebido de uniformes e insignias, entre otros delitos.

Ocho de ellos aceptaron los cargos, sin embargo todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp