El juez primero de garantías de Soacha negó la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel a los patrulleros involucrados en este hecho.

Los uniformados habrían fallado en su deber de garantes de la vida de las personas privadas de la libertad que estaban en custodia, y actuaron de forma pasiva ante las voces de auxilio. Los procesados recibieron medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de la subteniente Aleyda del Pilar González, y los patrulleros Gabriel Ruiz Moreno y Jorge Eliécer Suárez Orduz, por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas y las heridas causadas a tres más durante un incendio ocurrido en la estación de policía del barrio San Mateo de Soacha (Cundinamarca), el 4 de septiembre de 2020.

De acuerdo con los elementos de prueba obtenidos por fiscales, los uniformados no habrían controlado la conflagración ocasionada por un amotinamiento y, supuestamente, desconocieron el deber que les asiste de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad que están a su cuidado.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso sucesivo y homogéneo por omisión, y homicidio agravado tentado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

La investigación da cuenta de que la subteniente González Quiroz, quien estaba al mando de la estación, no reversó la decisión de suspender las visitas a las personas privadas de la libertad, situación que, al parecer, fue la causa del levantamiento y el incendio.

De otra parte, el patrullero Suárez Orduz habría actuado con indiferencia y no accionó un extinguidor que estaba a pocos metros de su puesto de servicio para intentar apagar las llamas. Asimismo, contra el patrullero Ruiz Moreno hay imágenes y testimonios que evidenciarían su pasividad ante la tragedia que sucedía.