Cajar pide que caso de «Falsos positivos Soacha» sea declarado crimen de lesa humanidad
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, (Cajar), actuando como representante de Diego Alberto Tamayo, una de las víctimas del caso Soacha, elevó ante el Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca, la solicitud de declaratoria de estos hechos como crimen de lesa humanidad, dado el contexto de recurrente sistematicidad y generalidad en que ocrurrieron, y que involucran a integrantes del Ejército Nacional.
Esta solicitud tuvo como contexto las audiencias de alegatos de conclusión en el caso de cinco jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales provenientes del sector de Ducales, municipio de Soacha, Cundinamarca, ocurridas luego de su desaparición, dos de ellos en el mes de enero y los otros tres en agosto de 2008. Lo crímenes de los jóvenes tuvieron lugar en Ocaña, Norte de Santander, bajo la jurisdicción de la Brigada Móvil No. 15, adscrita al Batallón José Joaquín Vargas.
El joven Diego Alberto Tamayo Garcerá, víctima cuya causa representa el Cajar, fue visto por última vez el 23 de agosto de 2008 por sus familiares en el municipio de Soacha y el 25 de agosto de ese mismo año, apareció reportado como dado de baja en combate a más de 600 Kms de su lugar de residencia, y sumado a ello, como supuesto miembro del grupo paramilitar “Águilas Negras”.
Su historia hace parte de la realidad nacional de los más de cinco mil asesinatos a sangre fría con fines de beneficio, que se hizo pública a partir de la desaparición y posterior muerte de hombres jóvenes arraigados en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en hechos acaecidos entre diciembre de 2007 y agosto de 2008, quienes fueron reportados como resultados operacionales o “dados de baja” en supuestos enfrentamientos del Ejército con organizaciones armadas ilegales.
La solicitud del Cajar fue coadyuvada por los abogados de las familias de dos de las víctimas, y por el delegado de la Procuraduría. Por su parte, la Fiscalía, solicitó al Juez el fallo condenatorio en contra del Coronel Amado Rincón, y otros 20 militares involucrados. En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría.
Sobre el caso Soacha se han adelantado dos procesos penales que agrupan a las víctimas reconocidas, según la fecha y los autores materiales. En ambos casos el Coronel ( r )Gabriel de Jesús Rincón Amado, entonces jefe de operaciones de la Brigada Móvil No. 15, es el máximo responsable vinculado. En el primer proceso fallado ya fue condenado junto con otros uniformados, y los hechos fueron amparados como crímenes de Lesa Humanidad, decisión que es precedente judicial para la solicitud del Cajar.
La trascendencia del caso contrasta con la lentitud de los avances en materia de justicia. En estos alegatos de conclusión, al igual que en otras etapas del proceso, fueron evidentes las maniobras por parte de los abogados de la defensa de los 21 militares implicados, que han significado que haya transcurrido más de un año y medio en la práctica de pruebas.
El primer día no se hizo presente el Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, razón por la que se suspendió la audiencia, y durante los días subsiguientes fueron exhibidos argumentos como que en sus computadores habrían adquirido virus que borraron sus alegatos, o que los intervinientes tomaron medicamentos que les provocaron somnolencia y los hicieron llegar casi hora y media tarde a las audiencias, a tal punto que al Juez solicitó enérgicamente el cumplimiento de los horarios, teniendo en cuenta que la presencia de los defensores es imprescindible.
Posteriormente, sólo uno de los seis abogados de la defensa intervino y los demás alegaron diversas causas, desgastando el debate en asuntos formales. Tal es el caso del abogado del Coronel Amado Rincón, quien solicitó ocho horas mínimo para su alegato, y solicitó la vocería de Tania Parra de la Fundación Fuimos Héroes Colombia, para la presentación de los alegatos de conclusión del mencionado Coronel, no obstante, ella no es parte alguna dentro del proceso. Aún así, y en aras de la celeridad procesal, las partes aceptaron tal intervención pero el juez no pudo decidirla porque la invitada no se presentó.
La diligencia se reanudará hasta el mes de marzo, cuando se espera la conclusión de los alegatos de la defensa de los militares, y por fin, la emisión del fallo que ojalá honre la memoria de las víctimas de estos hechos y les garantice verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición a las madres de Soacha.
Fuente: colectivodeabogados.org
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